Jordi Pujol era muy prudente en cuanto al papel que la lengua catalana tenía que jugar en la nacionalización que pretendía para Catalunya. Siempre había previsto con mucha prevención el choque que podría representar imponer el uso del catalán a los millones de ciudadanos que tenían el castellano como lengua materna.

De hecho, en algunos escritos de juventud había llegado a prever la posibilidad que el catalán pudiera desaparecer sin que esto fuera un obstáculo insalvable para que Cataluña lograra los grados de libertad y realización plena a los cuales aspiraba Pujol. Esto podría explicar que tratara la cuestión lingüística con mucha precaución.

Aun así, el progreso del conocimiento y uso del catalán era más lento de lo que deseaba y así lo hizo constar en unas reflexiones sobre el proyecto de ley de usos lingüísticos que hizo llegar a sus colaboradores de confianza en abril de 1997.

"Antes de que nada hay que decir que durante los últimos 15-20 años ha habido una mejora importante del catalán, gracias a la acción que han hecho las instituciones, a los cambios legislativos y a la actitud positiva de muchos ciudadanos de Cataluña, catalanohablantes y castellanohablantes. Pero a estas alturas también ya es muy evidente que el catalán como lengua sigue estando en una situación de inferioridad en Cataluña. Lo está en la mayoría de campos, casi en todos, y si la lengua catalana está en inferioridad, los catalanohablantes, en consecuencia, también lo están. Esto no es justo. Esto se tiene que arreglar".

Estas reflexiones llegaban cinco años después de una reunión del Consejo Ejecutivo en la cual Jordi Pujol había planteado la cuestión de la evolución del uso social del catalán. El 15 de mayo de 1992 envió una carta a sus consejeros poniéndoles deberes. Les daba diez días para que cada uno de ellos expusiera cómo evolucionaba la implantación del catalán en el sector sobre el cual tenían competencia. Así lo refleja el documento que publicamos en esta noticia, procedente del archivo los Papeles secretos, que reproduce EL TRIANGLE desde hace seis semanas.

En la carta les dice que "el objetivo más importante de nuestro gobierno es mantener, reforzar y proyectar la catalanidad de nuestro país. Tenemos que hacer una reflexión sobre si esto lo vamos consiguiendo o no", afirmaba, y añadía: "Tenemos los datos estadísticos, pero además hay algunos de normativos y administrativos que también hay que repasar: grado de exigencia del catalán en las oposiciones, ídem a los secretarios municipales, porcentaje de maestros catalanes, edición de textos de enseñanza, uso del catalán en la formación profesional, bachillerato y universitarios, rotulación comercial, señalización de escaleras de vecinos, menús, restaurantes, convenios laborales, etc..."

En el plan nacionalizador que había puesto sobre la mesa del Consejo Ejecutivo en septiembre del 1990 había reclamado "un nuevo consenso nacional y social de fomento del uso de la lengua, que rebase los límites de despenalización del catalán en que actualmente se ha convertido la Ley de normalización lingüística, puesto que la lengua es el gran rasgo diferencial de esta identidad y uno de los elementos de movilización a los cuales la mayoría de los catalanes es sensible".

En aquel plan se indicaba que el objetivo de una política de nacionalización era que "los catalanes puedan vivir al cien por cien en catalán en Cataluña". "Con toda sinceridad digo que en muchos puntos la plena igualdad tardará mucho. Las cosas son como son", asumiría siete años más tarde.

 

Català i catalanitat, segons Pujol