Decenas de colectivos se han adherido a un manifiesto que reclama una atención pública más adecuada a las necesidades de las personas ancianas y dependientes que viven en residencias, y que en Cataluña estos centros sean competencia del Departamento de Salut. El manifiesto, titulado Atención sanitaria en centros residenciales. Una propuesta de futuro, incluye nueve reivindicaciones.

Las dos primeras son que "la atención sanitaria en los centros residenciales de la gente anciana y dependiente pase definitivamente a depender del Departamento de Salud" y que "todas las personas que viven en un centro residencial recuperen su derecho como ciudadanas y ciudadanos a tener unas profesionales de referencia de la atención primaria del sistema público de salud".

El control público de estas residencias correspondía al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias pero la gran incidencia y la mortalidad causada por la Covid-19 en estos centros hizo que pasara a hacerse cargo de ellas el Departamento de Salud. Las entidades que firman el manifiesto reclaman ahora que este control quede en manos de Salud de forma definitiva.

Quieren también que "los equipos de atención primaria (EAP) sean los responsables de la atención sanitaria a las personas residentes", que "la atención continuada y urgente esté también a cargo de los servicios de atención primaria" y que "sean las profesionales de enfermería las que lleven el peso de la atención porque tienen capacidad y experiencia para proporcionar los cuidados con calidad y liderar el trabajo en los centros residenciales".

Reivindican, asimismo, que el traspaso de estas responsabilidades a los EAP vaya acompañado de los recursos económicos, de personal y técnicos suficientes "para cubrir todas las necesidades, incluidas las paliativas y psico-sociales" y que "se garantice la información necesaria a las familias de las personas residentes y su participación en la toma de decisiones referentes a las medidas asistenciales que se adoptan".

El traspaso de la dependencia administrativa de las residencias del Departamento de Trabajo al de Salud ha permitido un control sanitario más eficiente de lo que pasaba en el interior de estos centros, donde los índices de contagio y mortalidad han sido altísimos en las primeras semanas de la pandemia. La Fiscalía investiga, de momento, a 24 residencias por posibles negligencias en esta crisis. La pandemia se ha cobrado la vida de más 3.000 personas que vivían en residencias de ancianos.

El abanico de los colectivos que se han adherido al manifiesto va desde la Coordinadora de la Marea Blanca de Cataluña a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña o la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, pasando por la Coordinadora de Residencias 5+1 o el Foro Catalán de Atención Primaria.