La sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau por la organización de la consulta del 9N será, finalmente, de 4.988.620,11 euros, de manera que Mas tendrá que pagar 41.831,95 euros más de lo previsto inicialmente.

El órgano que fiscaliza la gestión económica pública ha confirmado las condenas que impuso a Mas, Ortega, Homs y Rigau, que tendrán que responder solidariamente, pero pagando importes diversos en función de la responsabilidad que se imputa a cada uno en los hechos sancionados.

El Tribunal de Cuentas ha decidido el nuevo cálculo y la confirmación de las condenas este viernes al estimar el recurso de apelación de la Fiscalía y las entidades demandantes, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanas por la Constitución, mientras que ha rechazado íntegramente los recursos planteados por las defensas.

La resolución, eso sí, puede ser recurrida. El órgano fiscalitzador considera probado que el gobierno de Mas compró 7.000 ordenadores portátiles para destinarlos a la celebración del 9N, una dotación de fondos públicos a una finalidad que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional.