La Generalitat afirma que hay un millar de menores extranjeros no acompañados a los que no tienen controlados y que no saben donde están. Estos menores doblemente desamparados, por sus familias y por la administración, viven en asentamientos ilegales, en barracas, o se organizan en pequeñas bandas para cometer robos en las urbanizaciones catalanas. Los menores no acompañados (menas) están poniendo en jaque la política social de la Generalitat, que no es capaz de controlar todos los menores que llegan a Cataluña. Muchos de ellos son acogidos en centros de menores, pero cerca de una tercera parte aprovechan rendijas legislativas, como que la fiscalía del menor les dé la libertad, para huir y entrar en un mundo paralelo de la delincuencia y los trapicheos.

Algunos de ellos vagabundean por los barrios barceloneses a la espera de un robo menor que les resuelva el día, y duermen en parques y asentamientos ilegales, como el de Montjuic que ha llegado a tener una veintena de menores. Otros, en cambio, salen de la ciudad para formar pequeñas bandas que se dedican a robos en las urbanizaciones de los municipios de los alrededores. Tienen el plan muy estudiado, son casas aisladas a las cuales los mossos de escuadra tardan, de media, unos 15 minutos en llegar. En este tiempo son capaces de entrar, robar y salir deprisa. La carencia de efectivos en el cuerpo de mossos de escuadra y la carencia de respuesta inmediata son una combinación letal que estos menores, y por extensión otras bandas de delincuentes, en un efecto llamada reconocido por los propios mossos, aprovechan para desvalijar chalés y casas.

La provincia de Barcelona tiene muchos municipios formados por una gran cantidad de urbanizaciones donde los robos se han convertido en el pan de cada día. No es de extrañar que en los medios de comunicación y por internet haya un verdadero alud de empresas de seguridad de instalar alarmas, pero es que no dan abasto. Los vecinos se quejan de que están indefensos ante el aumento de los robos y los mossos no llegan a todo. Hay de media unos 70 robos al día, unos 2100 al mes. Una cifra que tiene contra las cuerdas el cuerpo de mossos quienes acusan a la Generalitat de carencia de apoyo, personal y recursos. 

La alarma entre los vecinos está disparada, y empiezan a salir las primeras patrullas ciudadanas, como es el caso del municipio de Dosrius, en que los propios vecinos se organizan por whatsapp para vigilar las urbanizaciones, sobre todo a la zona de montaña. Dosrius es una localidad del Maresme con 2500 vecinos que no tiene dotación de mossos, los más próximos están en Mataró, a 17 kilómetros. Los vecinos otros municipios como Sant Cugat o La Floresta han contratado seguridad privada que vigila la zona para evitar el aumento de los robos. 

Desde las entidades sociales se pide a la sociedad que rebaje la intensidad de la alarma ante la llegada de estos menores no acompañados, y se exige un esfuerzo a la Generalitat para mejorar la acogida y la protección de estos menas. Se quiere evitar que haya menores no localizados que puedan acabar en redes de delincuencia. Estas federaciones, Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), Federación de Entidades con Proyectos Asistidos (FEPA) y la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia (FEDAIA), han pedido a la Generalitat que mejore el protocolo de actuación para poder agilizar los ingresos a los centros de menores y tutorizarlos destinando más recursos, sin tener que recorrer a los fondos de emergencia, para educación, vivienda y servicios, para descriminalizar el colectivo y ofrecerles un futuro. Para estas federaciones el problema de los menas es un fenómeno migratorio estructural, pero una vez en Cataluña la Generalitat es la responsable, y no puede “perderlos” ni criminalizarlos.