El gobierno español prevé que se destinen 9 millones de euros a pagar el coste y mantenimiento del depósito de gas natural del proyecto Castor, frente a la costa de Tarragona y Castelló, en 2019. El Tribunal Constitucional anuló, hace un año, el acuerdo del gobierno de Mariano Rajoy que pretendía indemnizar a los impulsores del proyecto con 1.350 millones de euros. El gobierno actual no incluye el coste de la indemnización en las retribuciones del sistema gasista pero sí que ha previsto que se dediquen los 9 millones mencionados a hacer frente a los costes del mantenimiento de la instalación, que se encuentra en estado de hibernación. Lo ha podido hacer amparándose en los artículos del decreto del gobierno Rajoy que no fueron anulados por el Tribunal Constitucional.
El grupo ciudadano Caso Castor, que ha coordinado la oposición a este proyecto mastodóntico, considera que "es un acto irresponsable que la ciudadanía tenga que seguir pagando a través de la factura del gas el coste de la operación de mantenimiento de una infraestructura que se encuentra en hibernación y que nunca ha entrado en funcionamiento". Este grupo reclama en el gobierno de Pedro Sánchez que desmantele el depósito y exige que se empiece a devolver a la ciudadanía aquello que ya ha pagado. Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo conminan al Gobierno a devolver los 118 millones de euros que se cobraron en las retribuciones por peajes en 2014 y 2015.
Además, considera este grupo que tiene que ser la concesionaria del proyecto Castor, la empresa ESCAL UGS, la que se haga cargo de devolver el dinero a los ciudadanos. Si lo hiciese el Gobierno, "la ciudadanía habría pagado dos veces por lo mismo", denuncia.
