Las tensiones y las divergencias dentro del gobierno Torra se multiplican y no se esconden. La escuela concertada, y más en concreto el decreto que regula la admisión de alumnos, se ha convertido en un nuevo caballo de batalla entre los socios de Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El departamento de Educación que dirige el republicano Josep Bargalló ha puesto la directa y quiere aprobar, antes de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, convoque elecciones autonómicas anticipadas, el decreto de admisión de alumnos en la escuela pública y concertada.
El decreto tiene el origen en el Pacto contra la segregación escolar impulsado por el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Cataluña), que propone 16 medidas para garantizar la distribución más equitativa del alumnado entre la pública y la concertada. La idea que se quiere impulsar desde el departamento es que esto sea una herramienta para que los alumnos con necesidades educativas especiales, como por ejemplo discapacitados o necesidades educativas específicas, como por ejemplo situaciones socioeconómicas complejas, se repartan por escuelas y evitar la creación de centros gueto en algunos barrios.
La patronal de la escuela concertada y las asociaciones de padres y madres de estos centros han levantado la voz contra el decreto y han presentado más de 150.000 alegaciones. Piden más financiación para atender a los nuevos alumnos con necesidades especiales y que no se limite el derecho a escoger la escuela. Las más beligerantes contra el consejero Bargalló son las escuelas cristianas. Este colectivo considera que el departamento "utiliza todos los mecanismos para asfixiar la escuela concertada y. de manera particular, la escuela cristiana, que es la más numerosa". Incluso apelan al catolicismo del líder de ERC, Oriol Junqueras y del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Las patronales de la escuela concertada advierten que, si prospera la normativa, estos centros de enseñanza quedarían "tocados de muerte".
Los postconvergentes, cercanos ideológicamente a la concertada, se han hecho eco de estas críticas y reclaman que se retrase la aprobación del decreto que exige más implicación a la concertada en la escolarización de los alumnos con pocos recursos, hasta mejorar la financiación de los conciertos. Desde JxCat quieren frenar una de las propuestas estrella de los republicanos en enseñanza y apelan a la "paciencia para conseguir amplios consensos" para garantizar la plena aplicación del decreto. Además, reconocen que los presupuestos que están en trámite parlamentario no contemplan ninguna partida presupuestaria para compensar a las concertadas el esfuerzo que se los quiere pedir.
Pero, todo y el malestar de los postconvergentes y del sector de la escuela concertada, el consejero Bargalló no está dispuesto a dar marcha atrás y quiere aprobar la normativa. "Es nuestro compromiso y lo sacaremos adelante", insiste el republicano. La consejería de Educación reitera que la aplicación del decreto no será inmediata y que hay margen para dotar las escuelas concertadas de recursos económicos a través de la memoria económica que acompañará el decreto de admisión.
El rifirrafe en esta materia entre JxCat y ERC constata dos visiones de país que se hacen presentes en el eje izquierda-derecha. Los republicanos apuestan para potenciar la escuela pública y los postconvergentes defienden la concertada. De hecho, Educación, en manos de ERC, ha mostrado siempre objeciones a las cuotas que la concertada cobra a las familias por aportaciones a las fundaciones, servicios complementarios o material. Las críticas, pero, se hacen con la boca pequeña, porque hasta ahora era la manera de compensar la falta de recursos de la Generalitat.
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