La nueva ley de Memoria permitirá investigar los crímenes del franquismo

El gobierno español aprueba el anteproyecto que se espera que entre en vigor en la primera mitad de 2021
Valle de los Caidos
Valle de los Caidos

El gobierno español abre la puerta a investigar las violaciones de derechos humanos del franquismo. La creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática en el Tribunal Supremo es uno de los aspectos que incluye el anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes.

Sobre si el funcionamiento de esta Fiscalía pudiera entrar en colisión con la ley de amnistía de 1977, fuentes del gobierno aseguran que la ley la faculta para investigar violaciones de derechos humanos, en virtud de los acuerdos internacionales de derechos humanos que ha firmado España.

Según el texto del anteproyecto, esta nueva fiscalía podrá practicar diligencias y ejercer sus funciones en cualquier proceso, exigiendo responsabilidades cuando se refieran a hechos de la Guerra Civil y la dictadura y violaciones de derechos humanos incluyendo los que tuvieron lugar antes de la Constitución de 1978.

La posibilidad de investigar crímenes cometidos desde el 1936 hasta el 1978 es una de las novedades de una ley que el Gobierno quiere que introduzca la memoria democrática y el estudio de qué pasó durante la Guerra Civil y la dictadura en las escuelas y en la formación de los profesores.

De acuerdo con el que ha explicado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la inclusión de materias relativa a la Memoria Democrática dentro del currículum escolar de la educación secundaria obligatoria (ESO) y Bachillerato se hará por medio de la nueva Ley de Educación que se tramita en el Congreso. También figurará en la formación más temprana de los docentes.

La ley también contempla multas de hasta 150.000 euros a los asistentes a manifestaciones que lleven banderas inconstitucionales. Por otro lado, como ya se había comentado con anterioridad, prevé convertir Valle de los Caídos en un cementerio civil, pero no aclara si se derrocará la cruz. También se modificará la ley de asociaciones para prohibir fundaciones que exalten la dictadura o el dictador, como por ejemplo la Fundación Franco. Y se hará un plan nacional de exhumaciones y un banco de ADN para identificar los restos.

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