La Generalitat traslada a Madrid la culpa por la fuga de empresas

Junqueras la atribuye a los golpes de porra y Turull, a un "acoso haciendo normativas a medida"
junqueras 324
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El gobierno de la Generalitat sostiene un relato sobre los motivos de las grandes empresas y bancos para trasladar su domicilio social a otros puntos de España que atribuye la culpa al Estado central y no al escenario de inestabilidad previo una eventual declaración de independencia que aluden los comunicados de las compañías.

En una entrevista concedida este martes por la noche en el canal 324, el vicepresidente Oriol Junqueras ha vinculado el traslado con el uso de la fuerza policial el 1-O : «cualquier demócrata del mundo, cuando ve que se golpea los votantes, seguro que mucha simpatía no le genera». También ha hecho referencia a la modificación, vía decreto, por parte del Consejo de Ministros de los requisitos para que una empresa pueda trasladar su sede social. «¿Usted se imagina una democracia en la que un gobierno le dice a los propietarios de una empresa que no son ellos los que tienen que decidir sobre la sede social de esta empresa?», ha expuesto.

El PSC pidió hace dos semanas la comparecencia de Junqueras para que informara sobre las consecuencias económicas de una eventual declaración de independencia, pero el bloqueo aplicado por la mayoría independentista del Parlamento, que aduce «la situación de excepcionalidad» que vive Cataluña para no convocar sesiones, impide que el vicepresidente comparezca para dar explicaciones en la cámara.

Por su parte, el portavoz y consejero Jordi Turull se ha referido al decreto del Consejo de Ministros en su comparecencia de este martes a mediodía, denunciando un «acoso de las empresas catalanas haciendo normativas a medida para que salgan de Cataluña». Asimismo, la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Balsa, ha denunciado «presiones telefónicas» a empresas «para cambiar su sede social fuera de Cataluña».

Por su parte, el secretario de Economía del gobierno catalán, Pere Aragonés, ha dicho en TV3 que «ha habido una clara voluntad del Gobierno español de forzar esta situación con un decreto ley» y que los cambios de sede social, que describe como «una operación temporal con voluntad administrativa», no están justificados porque «la seguridad jurídica está garantizada».

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