El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado a la compañía japonesa Nissan que reconsidere el anuncio de cerrar sus plantas en Cataluña y ha pedido a las administraciones públicas y a los sectores implicados sumar esfuerzos para revertir la situación. El presidente catalán ha admitido que la noticia es muy perjudicial para la economía catalana y para el tejido industrial, pero ha solicitado no dar por definitivo el cierre y ha afirmado que el gobierno catalán "luchará con los trabajadores con todas las armas de que disponemos".

Por su parte, el vicepresidente del ejecutivo autonómico y consejero de Economía, Pere Aragonés, ha advertido a la firma nipona que "la empresa no puede marchar simplemente sin más, hace falta que se asuma la responsabilidad de las personas, las empresas y el territorio que quieren dejar atrás". Asimismo, Aragonés ha asegurado que "es una decisión estratégica e internacional que ha sido tomada a miles de kilómetros de distancia", y ha anunciado que el gobierno catalán creará una oficina técnica para hacer un seguimiento de la situación y de las propuestas para dar respuesta.

Por otro lado, el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha señalado que cómo "autoridad laboral seremos muy rigurosos y defenderemos los derechos de todos los trabajadores afectados", y ha pedido replantear el marco normativo de trabajo porque el actual facilita decisiones como la de Nissan y abarata los costes de su salida.

En una línea similar, la consejera de empresa, Àngels Chacón, ha lamentado la falta de respuesta de la multinacional automovilística a un plan presentado conjuntamente por los gobiernos catalán y español que recogía una inversión de 300 millones de euros y ha advertido de que su ejecutivo no pondrá "nada fácil" su marcha.

El presidente catalán busca el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales Foment del Treball y Pimec para analizar la situación y confeccionar un frente común para afrontar el cierre de las plantas de Nissan.