La Generalitat intentó forzar que México fuera uno de los primeros países en reconocer la independencia y que se pronunciara a favor del referéndum del 1 de octubre del 2017. El motivo de esta elección es la importancia que tuvo este país americano en la acogida a los exiliados después de la Guerra Civil española, cuando se posicionó abiertamente a favor de la Segunda República.

El beneplácito del país del otro lado del Atlántico tenía que ser el chispazo para iniciar la separación definitiva de Cataluña del resto de España, al ser considerado un referente moral en la defensa de causas nobles. Pero las cosas han cambiado mucho desde el año 1939, y ahora España ya no es una dictadura.

El 16 de septiembre del 2017, quince días antes del referéndum, la directora general de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Maria Badia, enviaba un correo electrónico al consejero de Exteriores, Raül Romeva, a su secretario general, Aleix Villatoro, y a Ivan Altisent, jefe de gabinete de Romeva, en el cual los adjuntaba un texto que, oficialmente, tendría que presentarse al Senado mexicano para su aprobación.

La respuesta del presidente mexicano
El texto no dejaba lugar a dudas sobre su intención, y establecía cuatro puntos: "Primero: reconocer el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña y dar nuestro apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre; segundo: dejar constancia que los problemas políticos de gran importancia, como lo es la relación entre Cataluña y España, se tienen que solucionar por medios políticos y no con la judicialització de las ideas, la inhabilitación o incluso el encarcelamiento de cargos políticos democráticamente elegidos; tercero: constatar que el principio democrático tiene que prevalecer en las democracias occidentales avanzadas, por lo cual la voluntad del pueblo de Cataluña expresada libremente a través del voto igual, directo, libre y secreto tiene que ser la base de la futura organización política de Cataluña; cuarto: pedir en el Gobierno de España que no impida el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre próximo y que acepte la voluntad del pueblo de Cataluña expresada democráticamente a las urnas".

El correo y el documento están citados en un informe de la Guardia Civil datado el febrero del 2018 pero que acaba de ser incorporado al sumario que instruye el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y al cual ha tenido acceso EL TRIANGLE. Los investigadores señalan como observaciones que "el departamento de Exteriores orienta parte de sus esfuerzos y actividad al reconocimiento tanto del referéndum prohibido del 1 de octubre como de la independencia de Cataluña".

La estrategia de Romeva, sin embargo, no dio resultado. El 12 de octubre, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aclaró dudas: "México se ha pronunciado a favor de una sola España, y en caso de una decisión unilateral, México no reconocerá Cataluña como nación independiente. Es la posición de México y lo hemos expresado una y otra vez", declaró el entonces máximo mandatario mexicano.

Los amigos canadienses
Paralelamente, según los correos intervenidos, Romeva contactó con la organización canadiense International Sustainable Community Assistance-Appui International Durable aux Communautés ­(SALGA-AIDC) para comprar voluntades políticas a favor de la independencia fuera de Cataluña. Así, si Presidencia había usado el think tank Independent Diplomat y después había contratado The Hague Centre of Strategic Studies a través de la embajada de Suiza, Romeva creaba su propia red de ONG amigas al otro lado del Atlántico. ISCA-AIDC, oficialmente, no tiene ánimo de lucro y crea "oportunidades para las comunidades necesitadas para ayudarlas a construir sistemas agrícolas sostenibles", según dice su misma web.

Esto es sobre el papel, porque en la realidad parece funcionar como lobby. Según el informe de la Guardia Civil, la ISCA-AIDC y otra ONG denominada, la IRAI, llegaron a comprometer su ayuda a favor del referéndum, y las dos fueron contratadas para "dotar de legitimidad" la consulta enviando el 1 de octubre un grupo de "observadores internacionales" en Cataluña que, más allá de cualquier intención de no lucro, se embolsaron unos generosos montones de billetes.

El papel de Albert Royo
En la contratación de estas entidades intervino activamente Albert Royo, secretario general del Diplocat, el organismo que centralizaba la estrategia internacional de la Generalitat. Royo recibió de la ISCLA-AIDC un documento Excel donde se detallaban los gastos que supondría el equipo internacional de observadores, cosa que se trasladó a Romeva. El correo partía de un tal Lloyd, probablemente Lloyd Dalziel, uno de los especialistas que tiene el ONG, que trabajó para misiones de la ONU, la OEA o la OSCE. La intención era que el equipo visitante estuviera en Cataluña del 25 de septiembre al 2 de octubre. El jefe de la misión recibiría 30.216,62 euros y el gasto total a desembolsar por la Generalitat era de 145.771,94 euros. El entonces consejero envió un correo a sus dos subordinados, Altisent y Villatoro, en el cual comentaba la misiva y el presupuesto remitido por Royo. "Entiendo que tenemos que decir que sí. No tenemos margen para negociar más", avisaba Romeva.

El detalle de los gastos explicaba que el adjunto a al jefe de la misión tendría unos emolumentos de 20.320,48 euros y cada uno de los miembros o analistas percibirían 16.703,60 euros. Los contratos, pues, subían a más de 110.000 euros, a los cuales había que añadir más de 30.000 euros para comidas y 5.750 euros más para taxis. El documento remitido por los canadienses obtuvo el visto bueno de Romeva, que, según la Guardia Civil, "dio instrucciones de aceptar un presupuesto de gasto de 145.771,94 euros, para una misión de representación sobre una actividad relacionada con una votación que se produciría entre los días 25 de septiembre y 2 de octubre, cosa de la cual se deduce que se refería a la actividad de los observadores internacionales para el referéndum del 1 de octubre".

En sus conclusiones, no obstante, la Guardia Civil suma a esta cifra el que se pagó a los observadores de la IRAI, de forma que, según afirma, Raül Romeva apalabró gastos por más de 200.000 euros. "Se desconoce si finalmente se hicieron los pagos de estas cantidades o no, pero sí que se tiene conocimiento que durante la realización del pseudoreferèndum del 1 de octubre hubo observadores internacionales en Cataluña", dice el informe.

Voto de los residentes en el extranjero
La Guardia Civil destaca en uno de los apartados de su informe que Romeva intentó poner en marcha el voto electrónico. "Se ha comprobado que en el seno del departamento de Exteriores se hicieron estudios e incluso un proyecto de ley para la realización de una votación electrónica por internet orientada a los residentes catalanes en el extranjero. No hay que obviar que, fuera del análisis de este correo electrónico, se ha tenido conocimiento en las diferentes investigaciones que el registro de catalanes al exterior se quería utilizar como un censo para hacer una votación electrónica para el referéndum del 1 de octubre", dice la Benemèrita en el informe.

Un correo del mismo Raül Romeva a la jefa de su Oficina, Joana Muñoz, datado el 22 de agosto del 2017, certifica que el gobierno de la Generalitat pretendía utilizar el voto electrónico en la consulta. En el documento que Romeva le envía a su subordinada, "se establece que el voto electrónico por Internet es la opción más interesante por su potencial de servicio al ciudadano, puesto que facilita sustancialmente el voto desde el extranjero". Lo que no se imaginaba el consejero es que todas estas comunicaciones caerían en manos de la Guardia Civil poco después.


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