El equipo del servicio de clasificación de la secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, que depende del ministerio de Justicia, ha resuelto que los presos políticos sean clasificados en el segundo grado penitenciario, tal como propusieron el 11 de diciembre las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses. La decisión es la misma para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Cuixart Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carme Forcadell, que el 14 de octubre fueron condenados por sedición por el Tribunal Supremo.
La consejería de Justicia ha querido dejar claro que la catalogación de los presos en segundo o tercer grado no es una "decisión política" sino que corresponde exclusivamente a funcionarios independientes del sistema penitenciario. El Gobierno ha hecho todo lo posible para desmarcarse de cualquier responsabilidad en el acceso de los dirigentes independentistas a permisos penitenciarios.
Los socios que integran el ejecutivo catalán han manifestado repetidamente su disconformidad con la sentencia del Tribunal Supremo, así como el hecho que los presos políticos continúen recluidos. Ahora bien, en la consejería de Justicia han subrayado que la decisión sobre el acceso de los presos al tercer grado sólo puede llegar del análisis cuidadoso de los profesionales y que cualquier presión sería una "injerencia política" con efectos negativos.
Los primeros a poder pedir los permisos serán Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que a partir de la semana que viene habrán cumplido una cuarta parte de la condena. El resto de presos podrán tener derecho a permisos entre octubre del 2020 y octubre del 2021, en función de cada caso.
