Hay menos beneficiarios de la Renta Garantizada que los que recibían la Renta Mínima de Inserción

El departamento de Trabajo reconoce que la aplicación de esta prestación ha perjudicado a las familias más vulnerables en lugar de ayudarlas
Concentración para reclamar la Renta Garantizada de Ciudadanía delante del Parlament.
Concentración para reclamar la Renta Garantizada de Ciudadanía delante del Parlament

El 15 de enero pasado había menos beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que los que recibían la Renta Mínima de Inserción (RMI) nl septiembre de 2017. El 15 de septiembre de aquel año se convirtieron los 26.130 expedientes vigentes de la RMI en beneficiarios de la RGC. Cuando empezó 2019, esta cantidad se había reducido a 25.928; es decir, más de doscientas menos.

Estos datos aparecen en la respuesta que el departamento de Trabajo, Asuntos sociales y Familias, dirigido por Chakir El Homrani (ERC), hizo llegar, el 3 de mayo, a la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Hacía meses que los promotores de la RGC reclamaban esta información pero el departamento de Trabajo se la negaba hasta que la Comisión de Garantía del Derecho al Acceso de Información Pública de la Generalitat eo obligó a comunicarla.

El departamento que dirige El Homrani asegura, por otro lado, que no tiene los datos relativos al número de personas sin hogar que reciben la RGC. Estos datos "están en fase de explotación y está prevista su publicación en la web de la RGC en los próximos meses", se lee en su respuesta.

El equipo promotor de la iniciativa legislativa popular que llevó la RGC al Parlament, con el aval de más de 120.000 firmas, ha difundido un comunicado en el que afirma que "ante las gravísimas consecuencias sociales de la vulneración del derecho a la RGC de las personas en situación de pobreza de Catalunya, apelamos a la conciencia cívica y solidaria de la sociedad, a sus organizaciones y entidades sociales, cívicas y políticas a movilizarse para exigir el respecto de este derecho, promover una investigación pública y una auditoría independiente sobre la gestión de la implementación de esta ley, y pedir las responsabilidades políticas correspondientes a la consejería de Trabajo, Asuntos sociales y Familias".

 

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