El gobierno español ha dado marcha atrás en su pretensión inicial de pagar 8,7 millones de euros a la empresa Enagas por el mantenimiento de las instalaciones del Castor, el proyecto fallido de construir un almacén de gas ante las costas de Castelló. Este proyecto se detuvo el 2013 porque provocó centenares de terremotos en poblaciones costeras de Castelló y Tarragona.

En principio, una orden ministerial incluía el pago de estos 8,7 millones de euros, con el riesgo que se repercutieran en la factura del gas. La Plataforma que se opuso a la construcción de este almacén y que también lucha para evitar que se indemnice a la empresa promotora –ESCAL UGS- puso en marcha la campaña #NoEnMiFactura para que el gobierno retirara esta orden y al final lo ha conseguido.

A finales de 2017, el Tribunal Constitucional anuló el acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy de indemnizar con 1.500 millones de euros a ESCAL UGS pero dejó la puerta abierta para que se pague a ENAGAS el mantenimiento del almacén ahora hibernado. La compañía gasista ya ha anunciado que recorrerá judicialmente la negativa del gobierno a pagarle un servicio que incluye el cierre de los pozos y su vigilancia con un barco y un helicóptero.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha justificado su cambio de actitud porque así lo indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por otro lado, los tres bancos que facilitaron el préstamo para que el Castor empezara sus trabajos -Santander, Caixabank y Bankia- también han presentado a los tribunales de justicia una reclamación patrimonial contra el Estado. De momento, sin embargo, los ciudadanos no tendremos que pagar más en la factura del gas por el fiasco del Castor.