El pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha aprobado una moción de urgencia este lunes que exige la asunción de responsabilidades políticas de todos los regidores de Convergència de la etapa afectada por la sentencia del caso Palau y hasta 2009, incluida la dimisión de aquellos que en estos momentos ejercen cargos públicos.

La exigencia, que ha sido aprobada con los votos favorables de todos los grupos municipales -ERC, CUP, PSC y Cs- excepto el del PDECat, interpela a dos miembros del actual gobierno de la Generalitat: el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet. Puigneró fue presidente de Convergència en la localidad y regidor desde 2005 en el equipo de gobierno del alcalde Lluís Recoder, mientras que Calvet se estrenó como concejal en 1999 y en 2015 llego a ser teniente de alcaldía de Mercè Conesa.

La moción también exige a las formaciones sucesoras de CDC, el PDECat y Junts per Catalunya, que asuman las responsabilidades económicas derivadas de la sentencia del caso Palau. Además impulsa el estudio de la sentencia con el objetivo de encontrar una fórmula para que el consistorio recupere sobrecostes en adjudicaciones de obra pública, y prevé una auditoría sobre la contratación y la ejecución de los equipamientos y obras salpicadas por el caso de financiación ilegal de CDC.

Las exigencias formuladas desde el Ayuntamiento de Sant Cugat por ERC a los consejeros Calvet y Puigneró, así como a Junts per Catalunya y el PDECat, suman tensión a las deterioradas relaciones entre los socios del gobierno catalán. El presidente, Quim Torra, ha descartado poner fecha a la convocatoria electoral que anunció antes de la crisis del coronavirus dos días antes de que un sondeo de GESOP publicado por El Periódico haya augurado una victoria suficientemente cómoda para ERC en unas elecciones autonómicas para que pueda elegir como futuros socios de gobierno entre JxCat o formaciones de izquierdas.