El PP ha presentado una proposición de ley en el Congreso para reformar la Ley de enjuiciamiento criminal con el objetivo de impedir que los acusados de rebelión, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, puedan recibir fondos de titularidad pública de ningún tipo.
El líder de Junts per Catalunya no recibe su retribución como diputado a raíz de la suspensión ordenada por el Supremo, pero sí tiene derecho a la retribución y prerrogativas como expresidente.
El mismo líder del PP, Pablo Casado, ha señalado que su partido quiere llevar a cabo esta reforma legal para que aquellas personas acusadas por rebelión y en rebeldía "no puedan tener ningún beneficio de fondos públicos para seguir haciendo su tarea independentista".
"Y esto va por Puigdemont, que no puede estar viviendo en un Palacio pagado por la administración de la Generalitat cuando ha pedido más de 8.000 millones de euros del FLA", ha subrayado, y ha añadido que las personas "fugadas" tienen que dejar de vivir "a costa de aquel país al cual quieren destruir".
Por eso, propone modificar el artículo 839 de la Ley de enjuiciamiento criminal añadiendo la facultad del juez de incluir en la interlocutoria de declaración de rebeldía la determinación provisional que el rebelde no pueda percibir estos fondos o ingresos procedentes del erario público.
JxCat todavía quiere investir Puigdemont
El gesto coincide con el anuncio que ha hecho el portavoz de JxCat en el Parlamento, Albert Batet, que ha afirmado este miércoles que los 34 diputados del grupo apuestan para probar de nuevo investir en el cargo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y hacerlo en el actual mandato, lo que supondría el relevo de Quim Torra.
