El Parlamento de Cataluña investigará la gestión de la Generalitat en las residencias de abuelos a raíz de la Covid-19. Sólo ERC ha defendido la actuación de los departamentos de Trabajo y Salud, ambos en manos de consejeros de Esquerra. Así, Junts per Catalunya ha hecho evidente un desacuerdo más en público entre los dos socios de gobierno.
Todos los grupos de la oposición se unieron para pedir esta comisión de investigación, a pesar de que desde Esquerra se consideró que no era el momento y que había que esperar a que acabara la pandemia.
Todos los portavoces han recordado que ha habido casi 4.000 muertos, 13.000 positivos y otros 36.000 posibles infectados de la Covid-19, lo cual representaría un tercio de los casos en Cataluña.
Toda la expectativa estaba en el discurso de ERC. Ha sido Marta Vilalta, coordinadora general del partido, la que ha salido a defender la actuación de Chakir El Homrani y Alba Vergès, ambos de Esquerra. Ha reconocido la necesidad de hacer esta investigación, pero ha considerado que todavía era demasiado pronto para hacerlo y ha acusado directamente al PSC de haber sido el inductor.
Así mismo, para Vilalta el problema de la gestión de la Generalitat en las residencias de abuelos es debido a la falta de inversión del Estado, al mando único del estado de alarma y que el sistema favorece la gestión privada. Ninguna autocrítica.
Sus socios en el Gobierno, por su parte, no han entrado en ataques a los partidos de la oposición y Josep Maria Forné (ex-alto cargo de Bienestar Social durante la etapa de CDC) ha considerado que ya es necesario establecer un nuevo modelo.
Esta última opinión ha sido la misma que han expresado todos los otros grupos parlamentarios, con más o menos énfasis. Todos ellos han expresado la carencia de coordinación y de decisión por parte del departamento dirigido por Homrani y han expresado que a pesar de que ahora estas residencias dependen de Salud, en un futuro tienen que volver a Acción Social.
Noemí de Calle (Ciutadans), Raül Moreno (PSC), Marta Ribas (Común-Podemos), Vidal Aragonés (CUP) y Santi Rodríguez (PP) han coincidido que hay que analizar qué ha pasado y actualizar, a la vez, el protocolo. La cartera de servicios sociales de la Generalitat fue aprobada el 2007 y no se ha actualizado desde entonces, a pesar de que se tendría que hacer cada cuatro años.
Las residencias de abuelos son de plena competencia de la Generalitat, lo cual ha sido puesta en el debate por los partidos de la oposición.
