La actuación de los gobiernos español e italiano queda en entredicho en la diligencia del fiscal de Agrigento que ordenó el desembarco urgente, el pasado martes, de los 83 migrantes que iban a bordo del barco Open Arms .
En un documento que resigue de pe a pa los movimientos del barco, la Fiscalía de Agrigento reprocha tanto a Roma como Madrid que han estado más preocupados de sus acuerdos bilaterales para luchar contra la inmigración que de salvar vidas en el mar, como los obliga la normativa internacional.
El gobierno de Pedro Sánchez tardó 17 días a enviar el barco Audaz al rescate de los migrantes, cuando está documentado que, el 2 de agosto, el Open Arms ya solicitó el rescate marítimo al Centro de Coordinación de Roma. Y también comunicó la petición de puerto seguro en Malta y en España. "La obligación de salvar vidas en el mar constituye un deber de los estados y es superior a las normas y a los acuerdos bilaterales dirigidos a la lucha contra la inmigración irregular", indica.
Por otro lado, este jueves las autoridades italianas han inmovilizado el Open Arms en Sicilia por unas "anomalías graves". Según ha informado la Guardia Costera italiana, los guardacostas han subido a la embarcación y han comprobado que presenta "anomalías graves relacionadas con la seguridad de la navegación, el cumplimiento de la legislación sobre protección del medio ambiente marino y la capacitación y familiarización de la tripulación con los procedimientos de emergencia proporcionados a bordo".
