Como pasa con muchos cargos que tienen que ser nombrados por el Parlamento de Cataluña, la Sindicatura de Greuges está vacante. En uno de los casos de longevidad más descarados, Rafael Ribó, que tiene 73 años, ha ostentado esta responsabilidad durante 15 años, hasta que el pasado mes de marzo le caducó el último mandato.

Para sustituirlo, el grupo parlamentario de la CUP ha propuesto a la jurista Gemma Calvet. A pesar de que está vinculada al ámbito de ERC, partido por el cual fue diputada (2012-15), Gemma Calvet ha aceptado la candidatura anunciada por los anticapitalistas.

El cargo de “síndic de greuges” es uno de los mejor remunerados de la administración catalana, con un sueldo asignado de 129.057 euros anuales. Además, gestiona un presupuesto de 6,8 millones de euros y tiene 70 personas a sus órdenes.

Pero la CUP no lo tendrá fácil para hacer prosperar la candidatura de Gemma Calvet. En primer lugar, porque necesita el aval de las 3/5 partes del hemiciclo y la actual fragmentación del Parlamento, con posturas políticas muy enconadas, hace difícil lograr el consenso necesario para que prospere su elección.

Además, Gemma Calvet, que actualmente es directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), afronta duras acusaciones del sindicato CGT por el presunto maltrato a los trabajadores de este ente. El sindicato anarquista ha hecho llegar las denuncias al director del área de Presidencia de la AMB, Salvador Milà.

La CGT acusa a Gemma Calvet de “falta de respeto, indicaciones contradictorias y presiones excesivas” a los empleados de la Agencia de Transparencia. También denuncia “intromisiones no admisibles” en la vida privada de los empleados por parte de esta jurista, experta en derechos humanos. Los trabajadores se quejan de las broncas que pega, que han creado un ambiente de móbing irrespirable, y de “maltrato a las trabajadoras a su cargo, que han llegado a afectar la salud de diversas de ellas e, incluso, provocado la incapacidad laboral temporal de una de ellas por ansiedad”.

Después del caso de acoso denunciado por la ex diputada Mireia Boya, que ha provocado su retirada de la vida política, la CUP ha vuelto a tropezar con la misma piedra.