Toni Comín, exconsejero catalán de Salud establecido en Bélgica para evitar la acción de la justicia española, ha concedido una entrevista a El Periódico en la que defiende que los independentistas tienen que estar dispuestos a asumir "costes económicos", como por ejemplo perder su empleo.
Según Comín, "el precio de la independencia no lo ponemos los catalanes, lo pone el Estado", pero "si consideramos que la república catalana es la condición de una ciudadanía plena, que no eres libre si no eres plenamente ciudadano, la pregunta –injusta y desagradable, pero inevitable– es qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad".
"No estoy obligado a cooperar con mi enemigo o mi adversario", ha respondido sobre la desobediencia que recomienda, pero seguidamente, sobre si el Estado es ese "enemigo", ha expresado que "no tenemos enemigos, pero nos trata como si fuéramos su enemigo".
Preguntado por la respuesta que tendría que dar la consejera de Empresa si la patronal Pimec la llama porque se está producido un bloqueo económico, Comín ha dicho que "si hay un millón de personas que un día se levantan por la mañana y no quieren ir a trabajar, ella no tiene ningún instrumento, ni el Estado, para obligar a esta persona a ir a trabajar". El exconsejero, eso sí, admite que no sabe si hay un millón de personas dispuestas a no ir a trabajar para tratar de conseguir la independencia.
La respuesta de la consejera Chacón
En cuanto a la estrategia de confrontación para desgastar económicamente a España que defiende Comín, la titular de Empresa, la postconvergente Àngels Chacón, en una entrevista en TV3, ha rechazado hablar de desgaste y de boicots, y se ha vuelto a desmarcar de una propuesta de paralización permanente. Como respuesta a las palabras de Comín, ha remarcado que "estamos en un contexto global", y ha alertado de que si se perjudica la economía española, como plantea el exconsejero, "nos perjudicaremos".
La incomodidad de Comín
Sobre la pseudo-DUI de 2017, Comín ha añadido lo que él denomina “una confesión”: “Yo decía: «es incómodo para los consellers que somos diputados votar a favor de una resolución como diputados sabiendo que como consellers no tendremos la capacidad para cumplirla»”. También ha asegurado que el gobierno de Puigdemont “decidió no hacerla efectiva. Porque la correlación de fuerzas no se lo permite. Y para garantizar un escenario de paz”.
