El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha puesto en marcha, en pleno periodo electoral, una campaña publicitaria de autobombo sobre los resultados de la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). En los periodos electorales están prohibidas las inauguraciones y las campañas de publicidad de balance de la gestión de las administraciones públicas. El departamento que dirige Chakir El Homrani (ERC) ha optado por saltarse esta prohibición. "Mejora de la calidad de vida y la inserción laboral. Más de 120.000 personas ya se benefician de la Renta Garantizada de Ciudadanía", se lee en grandes letras en las páginas de publicidad insertadas en los principales periódicos catalanes.

Esta campaña de propaganda coincide con la acumulación de quejas por el gran número de solicitudes de la prestación desestimadas por los servicios del departamento de Trabajo. El 1 de abril, se creó en Figueres una "Plataforma de afectados por la Renta Garantizada del Gironès" y en los próximos días está previsto que se creen más en otros comarcas y poblaciones. Varios ayuntamientos han firmado una Declaración Institucional exigiendo al gobierno catalán que no niegue tantas prestaciones. En el ayuntamiento de Barcelona todos los grupos municipales firmaron la declaración salvo ERC y el PDECat.

Diosdado Toledano, uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular que recogió las firmas que hicieron posible que la Renta Garantizada de Ciudadanía se discutiera en el Parlament considera que esta campaña "es un escándalo. Es pura propaganda electoral, hecha con información embustera. Es una vergüenza que se cometa este abuso con dinero público".

Las prestaciones por la RGC se empezaron a pagar en septiembre de 2017. Las 120.000 personas beneficiarias de las que se habla en la campaña publicitaria proceden en su gran mayoría de las que ya cobraban la Renta Minima de Inserción o pensiones no contributivas que se han complementado, ahora, con pequeñas aportaciones hasta llegar al nivel de la RGC, situado en 604 euros al mes. Desde la puesta en marcha de la Ley sólo se han aprobado prestaciones nuevas para unas 11.000 personas mientras que se han denegado decenas de miles. "Se tendrían que beneficiar un cuarto de millón, como mínimo", asegura Toledano.