La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) reclaman tanto al gobierno de España como a la Generalitat de Cataluña que afinen en el control de la contratación pública efectuada por la vía urgente, disparada para hacer frente a la crisis de la Covid-19.
En declaraciones recogidas por Ara, Miguel Ángel Gimeno, el director de la OAC, aboga por realizar inmediatamente una auditoría como respuesta al riesgo de corrupción, que ha crecido coma resultado de la urgencia en la contratación en el marco de esta crisis.
Además, Gimeno lamenta que "no se ha hecho nada" en cuanto a la propuesta presentada por la OAC en el Parlamento catalán sobre la creación de un mecanismo ad hoc de seguimiento y control de los contratos.
La ACCO, que alertó de los riesgos de la contratación de emergencia en un informe reciente, destaca por boca de su jefa de área de instrucción de expedientes, Susanna Grau, también en declaraciones a Ara, que señala que los requisitos, a diferencia de los plazos, no se pueden reducir, y que no en todos los casos está justificada una compra de la máxima urgencia. En definitiva, indica que se tiene que evaluar la contratación "caso por caso".
En el misma información, la directora general de Contratación Pública de la Generalitat, Mercè Correa, afirma que la Generalitat ha actuado con transparencia y que desde el 1 de junio se ha pedido al sector público que prescinda de la vía de emergencia. Corretja cifra en 3.000 los contratos asociados con la Covid-19, el 75% de los cuales son de material sanitario e higiénico, por unos 320 millones, una cifra que se eleva hasta los 400 millones, según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda.
