Después de que el Tribunal Supremo ordenara la clausura del vertedero de Vacamorta, en Cruïlles (Baix Empordà), y la restauración del terreno donde fue ubicado, las entidades ecologistas que se opusieron a aquella instalación encargaron un informe de evaluación de las opciones de vaciado de Vacamorta que incluye una antigua advertencia de lo más significativa, publica el Diari de Girona.
Este trabajo, elaborado por el ingeniero técnico agrícola y biólogo Ferran Pauné, cita un dictàmen del Consorcio de Aguas de la Costa Brava de 1985 que ya desaconsejaba instalar una vertedero en Cruïlles «por el grave riesgo de contaminación de las aguas subterráneas».
Hace 31 años, expone el mismo diario, el Consorcio abogaba por «evitar cualquier vertido ya que podría contaminar las aguas subterráneas debido a la permeabilidad de los acuíferos» y consideraba imprescindible «la completa impermeabilización del suelo» en caso de tener que instalar un vertedero, algo que según Pauné no se hizo. El experto ha constatado «la contaminación del acuífero por residuos tóxicos» y ha señalado que la impermeabilización fue «inadecuada o insuficiente».
Asimismo, este científico refleja en su informe la ocultación de datos sobre el vertedero que, por ley, son de acceso público, como por ejemplo «la tipología y cantidades» detalladas de los residuos depositados.
La sombra de Jordi Pujol Ferrusola
A finales de los años noventa, el entonces alcalde de Cruïlles, Antoni Mallorquí (CiU), concedió una licencia de actividad a las instalaciones con el visto bueno del departamento de Medio ambiente de la Generalitat, cuando Felip Puig era el consejero.
La empresa gestora del vertedero era GBI Serveis, de Gustavo Buesa, investigada por los contratos con el Ayuntamiento de Lloret de Mar (caso Clotilde) y por los pagos a empresas vinculadas con Jordi Pujol Ferrusola, de quien Buesa, imputado por el caso Pujol en la Audiencia Nacional, fue socio en el negocio del tratamiento de residuos.
