El Ayuntamiento de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC) y los ecologistas del CEPA han dado una respuesta unitaria ante la indisposición del Gobierno de la Generalitat a iniciar la retirada de los residuos del vertedero de Vacamorta, clausurado desde 2014.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha optado por no vaciarlo hasta que no haya una resolución firme que los obligue a hacerlo por parte del Tribunal Supremo, que en 2014 ordenó la restauración de aquel paraje. Esta es la reacción gubernamental a una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que rechazaba los recursos de la Generalitat y de la empresa Recuperació de Pedreres SL.
En su interlocutoria, el TSJC criticó duramente la actitud de la Generalitat, acusándola de faltar al respecto a las decisiones judiciales por no haber retirado «ni una mísera tonelada» del vertedero y de emplear la presentación de solicitudes y recursos como maniobra dilatoria. Tras tres sentencias judiciales que han declarado ilegal el vertedero desde 2003 y en este contexto, las palabras de Rull han indignado al frente común de Cruïlles, que exige el inicio inmediato del desmantelamiento y saneamiento de paraje de Vacamorta.
El Ayuntamiento y las entidades critican que Territorio quiere «sellar como si fuera un vertedero legal» y alertan que los lixiviados de los residuos están contaminando las aguas subterráneas. También han culpado a todos los consejeros responsables del vertedero, de Ramon Espadaler a Josep Rull, pasando por Salvador Milà, Francesc Baltasar, Lluís Recoder y Felip Puig, de proteger los intereses de la empresa.
