El SPC acusa a Sanchis y Llorach de burlarse del Parlament

Exhorta a la cámara a desvincular a la CCMA de Gobierno catalán   
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Mediante un comunicado titulado «Kafka en la Corporación», el Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC) ha denunciado públicamente la situación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y la actitud de dos figuras principales: su presidenta Núria Llorach y el director de Tv3, Vicent Sanchis.

El SPC señala a ambos por «interpretar a su manera la ley de la CCMA y las mociones y resoluciones parlamentarias, discutirlas con los diputados y acabar diciendo que todo eran interpretaciones«. En particular, recuerda que ignoraron la reprobación contra Sanchis y la petición de dimisión a Llorach aprobadas por la mayoría del Parlamento de Cataluña.

Asimismo, reprocha a Sanchis que «se permite menospreciar los criterios votados por unanimidad para la reforma de las leyes audiovisuales y la elección de directivos; defiende que TV3 tiene que «representar» a la mayoría política, afirma ante el CAC que las leyes catalanas del audiovisual, a diferencia de las españolas, son «demasiado restrictivas», y aconseja al Parlamento que no legisle sobre la neutralidad de los medios de la Corporación».

También le acusa de haber vulnerado el Libro de Estilo de la CCMA cuando hizo una conferencia en un acto de la ANC, ya que implicaba un posicionamiento público que compromete la imparcialidad de los medios públicos.

«Hacía décadas que no se producían tantos despropósitos a la vez, ni tanto desplante por parte de cargos que se deben al Parlamento y que se burlan de él abiertamente porque cuentan con el apoyo del Gobierno, que es el que los ha situado para controlar los medios de la Corporación, y que no ha disimulado el descarado reparto de cargos directivos entre profesionales afines a los partidos del Gobierno», expresa el SPC.

Este sindicato ve sorprendente «la aparente impotencia» del Parlamento catalán para hacer cumplir sus resoluciones y leyes, y lo exhorta a renovar el Consejo de la CCMA si la reforma de las leyes audiovisuales no se logra (el plazo acaba a finales de junio), así como a cumplir las mociones parlamentarias de forma que la CCMA dependa del Parlamento y no del Gobierno, situación que tilda de «grave déficit democrático».

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