La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, al que atribuye delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos presuntamente cometidos con un viaje a Nueva Caledonia y el pago de un peaje de 11 euros para visitar la prisión de Lledoners.
Alay, que también fue asesor de Quim Torra, se desplazó a Nueva Caledonia para asistir como observador a la celebración del referéndum de autodeterminación del 4 de noviembre de 2018, en cuya votación los ciudadanos rechazaron separarse de Francia. Los viajes de ida y vuelta totalizaban un presupuesto de 4.508.98 euros, indica la Fiscalía.
La Audiencia Nacional archivó la causa contra Alay por el presunto encubrimiento de Puigdemont, que se atribuía también a las otras personas que acompañaron al expresidente catalán cuando fue detenido en el norte de Alemania. Según el juez instructor, no consta que Alay facilitara el vehículo en el que viajaba Puigdemont o que lo condujera.
La oficina de Puigdemont asegura que todos sus empleados cumplen las normas económicas y jurídicas, y que la querella contra Alay se presenta por "razones políticas y no legales". Además, arguye que la Fiscalía gasta más dinero en esta investigación que Alay en su presunta malversación.
