El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este viernes en el consejo de ministros un decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica y facilitar así la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de Valle de los Caídos, que se realizará antes de fin de año. El Gobierno quiere desenterrar al dictador en secreto para evitar protestas. Este secretismo, sin embargo, será complicado de mantener puesto que la exhumación requiere remover una losa de 1.500 kilos, operación que no se puede hacer a escondidas.
La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, ha explicado que el decreto modificará determinados aspectos de la Ley con el objetivo de dar cobertura legal al proceso. "Tener una tumba de Franco supone una falta de respeto y de paz a las víctimas que están enterradas allí. No podemos perder ni un solo instante; no lo hará este gobierno. Hay mucho por hacer en materia de memoria histórica", ha afirmado Calvo.
La vicepresidenta ha asegurado que será un proceso con todas las garantías y que, a partir del 31 de agosto, la familia tendrá 15 días para hacerse cargo de los restos. En caso contrario, será el gobierno quien decidirá el lugar donde irán. Calvo ha asegurado que sería un lugar "digno y respetuoso".
Todo indica que, a pesar de las protestas del PP y de Ciutadan , el ejecutivo socialista dispondrá del apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados, una vez conocida la posición favorable a la exhumación de Podemos y PNB y también del PDeCat y ERC, a pesar de que estos últimos han reclamado que se aproveche la ocasión para anular los juicios franquistas.
