Uber y Cabify, las empresas más conocidas que permiten contratar chóferes a través de una aplicación de móvil, han comunicado a sus usuarios que no seguirán operando en Barcelona por las condiciones que les impone el decreto aprobado por el gobierno de la Generalitat.

Consideran que esta normativa, impulsada a raíz de las protestas de los taxistas, restringe el sector y lo hace incompatible con su actividad. En particular, rechazan la obligación de contratar los servicios de conductores VTC con 15 minutos de antelación.

En cualquier caso, estos operadores no descartan volver a la capital catalana si las condiciones cambian. De momento, el decreto ley de la Generalitat, que entra en vigor este viernes, sólo puede ser recorrido ante el Tribunal Constitucional por 50 diputados (del Congreso o del Parlamento catalán) o senadores, el presidente del gobierno o el defensor del pueblo. Los conductores han avanzado, eso sí, que demandarán a la Generalitat por responsabilidad patrimonial y le exigirán 1.100 millones de euros.