Sos Racismo considera que la auto-organización de grupos de vecinos en patrullas ciudadanas para protestar contra la presencia de menores migrantes en sus barrios y poblaciones a los que acusan de cometer delitos representa un "peligro público" y que "no tendrían que tener cabida en una sociedad supuestamente democrática y de derecho". La organización antiracista recoge esta denuncia en el comunicado "Las patrullas vecinales son consecuencia del sistema opresor contra la infancia migrante" que acaba de difundir.
"En los últimos dos años hemos visto como vecinos y vecinas de varios municipios de Catalunya salen a la calle para protestar, muchas veces con agresiones verbales y físicas, en contra de la presencia de menores migrantes, a quienes culpan de la criminalidad y de la supuesta escalada de inseguridad en sus barrios" empieza diciendo el comunicado que, a continuación, informa que su servicio de Atención y Denuncia ha asumido once casos en los que menores tutelados y jóvenes son objeto de ataques vecinales y abusos policiales, además de otras situaciones que "evidencian el racismo al que se ven abocados en el marco del sistema de (des)protección de la Administración pública".
El listado de casos denunciados por Sos Racismo incluye dos ataques violentos en centros de menores, con armas y un ataque verbal en Canet de Mar, Badalona y Sant Just Desvern; cuatro acosos vecinales y escarnios públicos ante centros de menores en Canet de Mar, El Masnou, Castelldefels y el barrio del Poble Sec, en Barcelona; cuatro acosos vecinales y escarnios públicos ante casas ocupadas en Mataró, Premià de Mar, Llançà y el barrio de Trinitat Vella, en Barcelona; y tres ataques violentos a habitantes de casas ocupadas en Premià de Mar, Mataró y Trinitat Vella. Además de las acciones de las patrullas vecinales, Sos Racismo también denuncia otras actuaciones contra menores migrantes realizadas por miembros de los cuerpos de seguridad privada, directivos y educadores de los centros de atención a menores y discursos de odio en grupos de facebook.
"Asociaciones de vecinos y patrullas ciudadanas emiten comunicados y medios de comunicación publican artículos en que se señala a los jóvenes migrantes como delincuentes, atribuyéndoles la autoría de delitos ocurridos a sus municipios de manera gratuita", se dice en el comunicado. Para Sos Racismo, "los receptores de la violencia vecinal e institucional son jóvenes abocados a ocupar una vivienda como consecuencia del sistema de desprotección y exclusión administrativa".
Las acciones denunciadas por Sos Racismo tienen, a su entender, unos patrones que se repiten: "Se realizan concentraciones espontáneas convocadas por redes y canales de comunicación privados ante la vivienda. En este grupo heterogéneo de personas encontramos desde vecinos que se limitan a dar voces y a promover el escarnio público a otros que además emprenden acciones violentas como la entrada forzada a la vivienda con intención de agredir a los residentes, lanzando piedras, e incluso, prendiendo fuego al inmueble. Se identifican, además, grupos violentos organizados de extrema derecha que aprovechan las concentraciones para manifestar su discurso de odio. Otros hechos reportados por los jóvenes asediados son las grabaciones por parte de vecinos y vecinas en los espacios públicos por el simple hecho de estar allí, y su difusión por grupos privados de whatsapp y telegram con mensajes alarmistas u organizándose para ir a agredirlos".
Los vecinos y vecinas implicados en patrullas vecinales justifican sus acciones en la inseguridad que imputan a la presencia de menores migrantes en sus barrios. De nada sirve, sin embargo, según Sos Racismo, que los mozos de escuadra no encuentren indicios que relacionen estos menores con actos delictivos porque "los vecinos persisten en culpabilizarlos omitiendo deliberadamente su presunción de inocencia, la cual no se omitiría si estos jóvenes que son de origen magrebí o subsahariano fueran blancos".
Sos Racismo afirma que las instituciones "no adoptan una lógica de protección sino penal y en vez de acoger y cuidar se persigue a menores infractores" y que "organismos públicos como la Fiscalía de Menores y la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia) hacen prevalecer la sospecha, el castigo y la discriminación en el acceso a los derechos por encima de la atención y son los máximos responsables de la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran los jóvenes". También cree que las patrullas vecinales se amparan en "el discurso mediático generado por los medios de comunicación que estigmatizan y sobreexponen a los jóvenes migrantes solos a través de un relato deshumanizador y criminalizador en torno al estereotipo del llamado "colectivo MENA", que se construye como problema social.
"¿Donde queda el derecho a la seguridad de estos jóvenes?", se pregunta la entidad de lucha contra el racismo que lamenta que "los comportamientos vecinales quedan impunes y los propios alcaldes justifican estos comportamientos avalando institucionalmente el acoso arbitrario". Y concluye que "este no es el camino que quieren muchos de los vecinos y vecinas, y es por eso que sentimos la necesidad de advertir y frenar la escalada de acciones violentas, y de que las administraciones empiecen a cuestionarse el miedo que tienen a hablar del racismo inherente y naturalizado a la sociedad".
