La pandemia de la Covid-19 ha provocado un aumento de las actitudes racistas tanto a nivel institucional como individual. Las entidades que defienden las personas migrades y las que solicitan asilo lo están denunciando desde hace días. Los ejemplos de actuaciones xenófobas, pero, se esparcen. SOS Racismo ha constatado que "el actual estado de alarma multiplica el racismo institucional y las restricciones de derechos ya existentes, puesto que hay más miedo y poco escrutinio ciudadano".
La histórica asociación antirracista denuncia que "la llegada de la pandemia de la Covid-19 dispara las vulneraciones de derechos habituales cómo son, por ejemplo, los abusos policiales hacia las poblaciones migrantes y racializadas no-blancas, que habitualmente se inician con una identificación ilegal". SOS Racismo puso en marcha ya hace meses la campaña Parad de pararme contra las identificaciones injustificadas en la calle de personas migrantes.
En esta campaña pedía la colaboración de los ciudadanos para que hicieran de testigos de estas identificaciones. "Las conductas abusivas que se puedan estar dando por parte de la policía se ven condicionadas por las miradas expectantes", recordaba esta entidad, pero ahora se encuentra que "cuando no hay miradas alrededor, una identificación de perfil racial tiene muchas más posibilidades de convertirse en una agresión o abuso".
Reclama más mecanismos de control por las posibles actuaciones policiales abusivas y desproporcionadas, lamenta que los discursos del presidente del gobierno central "se dirigen a los y las españolas, excluyendo como receptoras las personas migrantes" y que "la militarización de las calles se ve amparada por un discurso proteccionista incuestionable que, una vez más, sólo contempla una parte de la población".
Orbim Fronteres, que agrupa unas 500 entidades, también ha reivindicado que se garanticen los derechos de los migrantes ante la pandemia. Exige que se empadrone de oficio todas las personas que lo pidan, que se las regularice con un permiso de trabajo aunque no tengan un contrato laboral o que se los reconozca inmediatamente su condición de refugiadas y se los autorice la residencia. Muchas de estas personas no pueden acogerse a las ayudas aprobadas por el gobierno porque trabajan en la economía sumergida.
Una consecuencia que ha tenido la pandemia es que se han vaciado todos los centros de internamiento de extranjeros (CIE), puesto que no se podía deportar a las personas detenidas por el cierre de las fronteras. El día 20 de abril abandonaron el CIE de Barcelona las últimas cinco personas que había detenidas.
