La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos ha reclamado al gobierno catalán que derogue el Decreto que incluye la llamada "Red de Servicios Sociales de Atención Pública", puesto que esta prevé una mayor privatización de los servicios sociales. Esta plataforma ha recordado en un comunicado que esta iniciativa legislativa consta de un procedimiento que permite a las empresas privadas obtener una acreditación por parte de la administración para poder operar como proveedores de los servicios públicos, y ha denunciado las consecuencias que comporta este planteamiento: evita los procedimientos públicos de contratación y fiscalización, avala la concesión de la gestión a empresas privadas mediante "criterios subjetivos" y da "cobertura legal al nepotismo".
La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos ha enfatizado que esta filosofía se ha aplicado los últimos años en el sistema sanitario público y ha supuesto que actualmente sea "virtualmente imposible" fiscalizarlo dados los múltiples proveedores públicos y privados interconectados. Asimismo, indican que ha implicado un "sobrecoste para las arcas públicas" del sistema de salud debido "al afán de lucro ampliamente demostrado a lo largo de todos estos años de expolio".
En cuanto a aspectos concretos del Decreto, lamentan, entre otras cuestiones, que algunas trabajadoras, principalmente mujeres y migrantes, cobren el salario mínimo interprofesional de 13.000 € brutos anuales mientras algunos gerentes de algunas entidades del Tercer Sector puedan seguir cobrando 9 veces más; que no se prohíban los mecanismos lucrativos que emplean algunas falsas fundaciones y cooperativas para enriquecerse con dinero público; o que no quede recogida la obligatoriedad de cumplir criterios de buenas prácticas, buenas condiciones laborales o de responsabilidad social.
Al mismo tiempo, manifiestan su desacuerdo con que no se defina ningún control sobre la sobreocupación de plazas que puedan practicar algunas entidades que gestionan centros residenciales o que las entidades privadas puedan cobrar por los servicios que prestan como si fueran una administración pública.
Este colectivo remarca que la pandemia ha mostrado que la privatización de los servicios públicos convierte nuestra salud y nuestras vidas en "mercancías para el lucro de los inversores capitalistas" y responsabiliza directamente de esta problemática al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia y al de Salud, así como a los empresarios, los inversores, los lobbies privados (la Mesa del tercer Sector, la Confederación, Entidades Catalanas de Acción Social y la Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y a la Adolescencia) y a las empresas del IBEX 35 como por ejemplo OHL, ACS o SACYR.
La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos ha anunciado que hará corresponsables a todos los grupos políticos que no "reclamen explícitamente la retirada de este Decreto" y ha hecho un llamamiento a todos los colectivos populares implicados en la defensa de los servicios públicos a intensificar las movilizaciones de denuncia de las "políticas privatitzadores del gobierno de la Generalitat". Los integrantes de esta plataforma entienden que el govern quiere, con este decreto, recuperar los objetivos privatizadores incluídos en la conocida como Ley Aragonés, derrotada en el Parlament el pasado mes de febrero.
