Las relaciones entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la Guardia Urbana (GUB) nunca han sido del todo cordiales, pero el último contrato adjudicado por el Ayuntamiento a una empresa de seguridad privada, Brothers Control SL, para vigilar las zonas cerradas al tránsito durante la desescalada del confinamiento por el coronavirus, y hasta el mes de julio, han acabado para enrarecer el ambiente.
Según la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CSIF, es una usurpación de poderes a la Guardia Urbana, tal como afirma su portavoz Eugeni Zambrano, "Colau está privatizando la seguridad pública contratando una empresa mientras tiene a los funcionarios de la GUB con los efectivos bajo mínimos. Han retorcido la ley de seguridad urbana para poder contratar esta empresa y hacen pasar por legal una situación donde una empresa privada no puede actuar".
El contrato a Brothers Control SL, por casi 1 millón de euros por dos meses, que ya aparece adjudicado en el perfil del contratante de la web del Ayuntamiento, afirma textualmente que la empresa se encargará de los "servicios auxiliares de apoyo para cortes de tráfico en fines de semana y festivos en algunas vías de la ciudad de Barcelona, para garantizar la salud pública de la ciudadanía en la fase de desconfinament de la COVID 19 hacia la normalidad, mediante procedimiento de emergencia".
El artículo 135, en sus apartados B y F, de la Carta Municipal de la ciudad de Barcelona recoge que es la Guardia Urbana quién tiene la potestad de ordenar y dirigir la movilidad y el uso de la vía pública además de vigilar los espacios públicos y el mantenimiento del orden cuando sea requerida. Las empresas de seguridad privada, tal como explica Eugenio Zambrano, "no pueden ni regular el tráfico ni hacer ningún tipo de acción de seguridad ciudadana. Ni están preparadas, ni tienen el principio de autoridad y veracidad que tiene la GUB ". Para el CSIF el principal problema es que "el equipo de Ada Colau no tiene un proyecto ni un modelo policial para la ciudad".
El cierre de calles tan emblemáticas como Gran de Gràcia, Vía Laietana, la Avenida Litoral o Creu Coberta-Sants, durante los fines de semana hasta el mes de julio para esponjar el tejido urbano y permitir pasear por la ciudad se controlará con los denominados "auxiliares de corte", que de 9 a 21 horas se encargarán de vigilar los accesos por 72 euros el día. La Guardia Urbana muy molesta por este menosprecio de sus funciones argumenta, según explica Zambrano, que "la seguridad privada atiende a criterios empresariales y nunca funcionará con la independencia de un funcionario tal como nos dota la ley".
