La desobediencia es una palabra de moda en Cataluña, asociada al proceso independentista y a la convocatoria del supuesto referéndum unilateral de autodeterminación. Pero, de momento, los políticos indepes prefieren nadar y guardar la ropa y aquí los únicos que practican la desobediencia activa de verdad… son las patronales FECIC y ANAFRIC, que reúnen las empresas del sector cárnico y de los mataderos.
Para hacernos una idea de la potencia de este lobby empresarial -también conocido como la aristocarnia- hay que señalar que, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en el 2015 se sacrificaron en los mataderos catalanes 206,8 millones de pollos, 20 millones de cerdos, 12 millones de conejos, 1,2 millones de ovejas y 500.000 terneras. Obviamente, esta impresionante masacre de animales no se justifica sólo por el consumo interior de Cataluña: la mayor parte de la carne obtenida se destina a la exportación en los mercados internacionales.
MODIFICACIÓN DE LA LEY
La competitividad que demuestra tener este sector económico se debe, en gran medida, al peculiar régimen laboral que rige a los mataderos catalanes. La mayoría de la mano de obra es de origen inmigrante y trabajan como autónomos encuadrados en cooperativas que son contratadas por los propietarios de las cárnicas. De este modo, según un estudio hecho por la UGT, los trabajadores de estas cooperativas cobran, de media, un 47% menos de lo que establece el convenio estatal del sector y, por el contrario, las jornadas de trabajo son un 23% más largas.
Los sindicatos lo tienen muy claro y hace años que lo denuncian: este sistema laboral es un fraude como una casa que provoca la indefensión total de los trabajadores encuadrados a la fuerza en estas falsas cooperativas y los mantiene en una situación precaria que roza «la esclavitud«. Durante el verano del año pasado se produjeron en la comarca de Osona unas sonadas movilizaciones contra este régimen laboral, propio del capitalismo salvaje.
Gracias a la presión sindical, el Parlamento de Cataluña impulsó una modificación del articulado de la ley de cooperativas, aprobada el pasado mes de marzo, para impedir que se utilizara la figura legal del trabajo asociado para encubrir una estafa en la reglamentación laboral y en la Seguridad Social. En paralelo, la Generalitat impulsó la creación de una mesa sectorial de sindicatos y patronales para implementar esta normativa.
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