Envueltos en la bandera del independentismo, la principal promesa de la soñada República catalana es que seremos una sociedad más justa. Esta cortina de humo que se nos vende desde 2012 esconde una cruda realidad: presupuestos prorrogados, inacción gubernamental y una Generalitat en manos de JxCat y ERC que remienda en vez de liderar proyectos sociales, según denuncian profesionales del sector.
Hace dos años que la Generalitat prorroga los presupuestos, hecho que significa que no hay nuevas partidas ni aumento de las existentes. Sanidad, asistencia social y educación son los grandes perjudicados. "Si queremos ofrecer calidad tanto a las personas como a los profesionales que trabajan se tiene que mejorar la financiación y hacer un acto de responsabilidad para no seguir prorrogando los presupuestos. No puede ser que ofrezcamos y paguemos lo mismo que hace años porque todo está congelado", afirma con rotundidad Laia Grabulosa, directora de La Confederación, la patronal del tercer sector en Cataluña.
Grabulosa ha denunciado, en repetidas ocasiones, la infrafinanciación del sistema de servicios sociales, enquistado en una parálisis crónica. "Tenemos tarifas congeladas desde hace 10 años y prórrogas presupuestarias que nos dejan en una situación muy crítica –explica la directora de La Confederación–. El escenario es muy malo porque no se concretan propuestas ni proyectos y resulta desastroso para los ciudadanos porque peligran los servicios sociales en Cataluña".
El tercer sector acumula un déficit debido a la crisis económica, los recortes que se arrastran desde la etapa de Artur Mas, y que el ejecutivo de Quim Torra no ha revertido, y la prórroga de los presupuestos que obligan a una contención que repercute en la calidad de los servicios. A guisa de ejemplo, las entidades tienen que asumir un 16% de IPC acumulado desde 2008 y un incremento salarial de un 7% de media que no se ha podido aplicar.
El problema de la infrafinanciación tiene dos vertientes: las subvenciones, paradas y en los limbos, y la facturación de las empresas de servicios que tienen como principal cliente la administración pública. "Las subvenciones se han demorado en el tiempo y algunas no se han resuelto", afirma Laia Grabulosa. "Hay muchas entidades que están trabajando a riesgo, es decir, esperando una subvención pero mientras tanto sacando dinero de donde pueden, en base de líneas de crédito, para poder pagar los trabajadores. Muchas pequeñas entidades que hacen un gran servicio no pueden hacer frente", afirma.
Por su parte la facturación de las empresas del tercer sector que dan servicios al sector público acusan también la congelación de tarifas. "El sistema de externalización de la gestión hace 10 años que está con las tarifas congeladas y aquí la prórroga de los presupuestos está siendo letal. No puedes ofrecer calidad si no puedes pagar los trabajadores", dice.
Es la Generalitat quién se tiene que hacer responsable de financiar el 100% de la cartera de servicios sociales porque son servicios públicos y se tiene que garantizar la cobertura de los servicios sociales, como es el caso de los centros para menores o las casas de acogida para mujeres maltratadas. Pero estas son prestaciones que van quedando en el fondo de los cajones mientras se da prioridad a otras cuestiones que poco o nada tienen que ver con la atención a las personas.
