El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña ha abierto «un expediente de información reservada» para conocer «el destino de los recursos públicos» destinados a proteger a la infancia, después de las denuncias de posibles casos de mala gestión de centros de menores por parte de fundaciones.
La consejera Dolors Bassa ha anunciado que, además de abrir el expediente, su departamento ha puesto en marcha un «estudio independiente» para saber la «orientación real» de los costes de la DGAIA, así como «verificar qué recursos públicos tenemos y qué son los costes adecuados».
Bassa ha comparecido este miércoles en el Parlamento catalán para dar explicaciones sobre la gestión de estos recursos, y en especial para informar de la relación del director de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), Ricard Calvo, con fundaciones que han recibido contratos para gestionar los centros.
El sindicato CGT había denunciado que desde la llegada de Calvo a la DGAIA se ha adjudicado y «favorecido» con más de 98 millones de euros a fundaciones «relacionadas con él». Calvo había trabajado en la Fundación Acción Social Infancia (FASI), una fundación que gestiona algunos recursos de protección a menores.
La consejera Bassa ha valorado que Calvo provenga del sector, además de defender «la profesionalidad». Bassa ha asegurado que el director de la DGAIA «no tiene nada que ver» con los pliegos de los contratos públicos, añadiendo que «nunca ha estado en la mesa de contratación».
A pesar de estas declaraciones de la consejera catalana de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, también ha dicho que si se demuestran acciones fraudulentas «será contundente».
El Anuario Mèdia.cat también había publicado que fundaciones del Tercer Sector pagaban alquileres superiores a la media por los centros de menores que gestionaban a empresas que estaban participadas por ellas mismas. Aquí la consejera ha dicho que el órgano que controla estos temas es el Protectorado de Fundaciones, y que su departamento queda al margen.
Desde Ciudadanos, la diputada Laura Vílchez, ha pedido la comparecencia de Calvo en la comisión parlamentaria de Asuntos Sociales y Familias para que dé explicaciones al considerar que la trayectoria del director de la DGAIA «quizás no es ilegal, pero es muy fea».
El diputado del PSC, Raúl Moreno, ha planteado «hacer algo que blinde la relación» entre las empresas y las personas que dirigen organismos que después las puedan contratar, cómo ha sido el caso de Calvo.
Desde Catalunya Sí que Es Pot, la diputada Gemma Lienas ha pedido más información sobre la gestión de los alquileres de las fundaciones, y ha reclamado tener acceso a los resultados de la investigación del Protectorado.
El diputado del PP, Fernando Sánchez, ha dicho que hay que ser «prudentes con los linchamientos públicos». La diputada de la CUP, Gabriela Serra, que puso sobre la mesa el caso de Calvo y los alquileres ante la Oficina Antifrau, le ha espetado que también tendrían que ir «con cuidado de no mantener la impunidad».
