La comisión parlamentaria de la Sindicatura de Cuentas revisó ayer el informe correspondiente al ejercicio de 2011 del Parc Salut Mar, una corporación integrada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona que gestiona el Hospital del Mar y el de la Esperanza entre otros centros sanitarios. Esta revisión parlamentaria se ha realizado muy tarde: primero, porque se ha analizado el ejercicio de 2011; segundo, porque la Sindicatura ya aprobó este informe en diciembre de 2014, hace más de un año; y tercero, porque el principal responsable de las "irregularidades" detectadas, Josep Maria Via, expresidente del consejo rector del consorcio, dimitió en junio pasado.

 

Curiosamente, sólo uno de los diputados de la comisión parlamentaria de la Sindicatura de Cuentas mencionó Josep Maria Via, el expresidente del Parc Salut Mar. Este diputado fue Albano Dante, de Catalunya Sí que es pot, el mismo que recibió una querella de Via por haber denunciado supuestas irregularidades como gestor sanitario a través de la publicación cafè amb llet. Dante fue condenado a pagar 20.000 euros, si bien, con posterioridad, la Audiencia de Barcelona lo absolvió.

 

Albano Dante fue el único diputado que mencionó los nombres de Josep Maria Vía y de Francisco José María, exdirector gerente del CatSalut, al cual el Parc Salut Mar le adjudicó en 2011 la realización de un asesoramiento jurídico. Dante puso estos casos como ejemplos de "puertas giratorias".

 

Los diputados de los varios grupos políticos recordaron, con más o menos vehemencia, el rosario de "irregularidades" del Parc Salut Mar: adjudicaciones a dedo, pago de facturas por precios superiores a los que constaban en el contrato, incompatibilidades de cargos, ... o el sueldo de los altos cargos. Albano Dante subrayó que, según las órdenes de la Generalitat, se tenían que haber rebajado los sueldos un 10%, pero sólo lo hicieron un 5%.

 

La situación más flagrante era la de la contratación. De manera sistemática se adjudicaron contratos por el procedimiento negociado sin publicidad, o sea, sin concurso público y sin la concurrencia de más de una empresa.