Cuatro empresas forestales trabajan desde hace meses en la retirada de árboles quemados por el incendio de Paüls (Baix Ebre) del verano pasado, en el marco de un modelo pionero impulsado por la Generalitat y los ayuntamientos afectados. Las administraciones han hecho de intermediarias para ordenar la extracción, dividir el área en doce lotes y garantizar que la limpieza no tenga ningún coste para los propietarios. En un territorio con una gran fragmentación de la propiedad —más de 2.000 titulares—, esta coordinación ha permitido actuar en fincas donde habría sido imposible localizar a los responsables.
El objetivo es evitar que las parcelas queden abandonadas, con árboles caídos, riesgo de erosión y acumulación de madera seca que podría favorecer nuevos incendios. Las empresas retiran principalmente pinos blancos, que se destinarán a biomasa, ya que la madera ha perdido calidad para aserraderos. La maquinaria utilizada también está abriendo nuevas pistas forestales que quedarán integradas en las fincas y facilitarán futuras tareas de gestión. A pesar de los buenos resultados, algunos campesinos reclaman más calendario y priorizar la limpieza de los perímetros de los bancales activos, alertando de que la vegetación rebrotada y la madera seca vuelven a generar riesgo.
El alcalde de Paüls, Enric Adell, defiende que el modelo es esencial en zonas como les Terres de l’Ebre, donde la propiedad forestal es muy fragmentada, y lamenta que la Generalitat todavía no haya iniciado las actuaciones previstas en el bosque público. También hay críticas al sistema de ayudas postincendio, que algunos agricultores consideran insuficiente. Sin embargo, el consistorio y los técnicos coinciden en que la intervención privada coordinada ha sido «más que satisfactoria» y que habrá que mantenerla para evitar que el territorio vuelva a quedar expuesto.