En un extraño giro de guión, la expresidenta de Junts, Laura Borràs, ha vuelto a iniciar una campaña sobre su proceso judicial (en la que fue condenada por corrupción) y que sigue calificando de lawfare.
Ella misma asegura que los jueces impidieron que se tomara en consideración una pericial sobre la falsificación de sus correos «porque habría hecho saltar por los aires una condena que seguramente tenían escrita desde mucho antes del juicio. Pero ya saben que la policía patriótica hace su trabajo al servicio del lawfare, como lo hacen determinadas connivencias mediáticas», ha dicho.
En realidad, fueron los Mossos los que descubrieron e investigaron su corrupción, no la «policía patriótica». La expresidenta de Junts y del Parlament dispone de un núcleo duro que ahora afirma que los correos intervenidos podrían haber sido escritos desde una cuenta que cualquiera habría podido abrir a nombre de Laura Borràs. Y con esta teoría han desatado una auténtica campaña mediática que incluso molesta a algunos independentistas que ya se enrojecieron de vergüenza tras descubrirse el pastel que Borràs había montado desde la Generalitat.
Pero la verdad no amarga el discurso independentista: Borràs es secundada en esta cruzada por la plana mayor de su partido, que distribuye sus mensajes digitales. El sociólogo Salvador Cardús, muy vinculado a Convergència, es uno de sus principales apoyos. También Aleix Sarri, uno de los hombres de confianza de Carles Puigdemont y responsable de relaciones internacionales y Països Catalans de Junts, ha retuiteado mensajes de dudosa legalidad, donde se acusa de que las pruebas bajo custodia judicial fueron manipuladas y vuelven a acusar a la «policía patriótica» de falsear documentos.
Una auténtica campaña con vergonzosas sospechas de que «alguien está manipulando algo» y que deja constancia de que personas presuntamente honestas se permiten dudar de las auténticas pruebas periciales que se mostraron en un proceso judicial que fue impoluto.
Condena por adjudicar contratos a un amigo
La causa contra Borràs se remonta a su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2018. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyó que fraccionó contratos públicos para adjudicarlos directamente a su amigo Isaías Herrero, evitando así los procedimientos de concurrencia previstos por la legislación de contratación pública.
Durante el juicio declararon varios testigos y peritos y se analizaron correos electrónicos, presupuestos y documentación administrativa que, según la sentencia, acreditaban la existencia de un acuerdo previo para beneficiar a Herrero. El tribunal consideró probados los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, y condenó a Borràs a cuatro años y medio de prisión y trece años de inhabilitación. Sin embargo, los magistrados propusieron parcialmente su indulto en cuanto a la pena de prisión al considerarla desproporcionada.
Desde el inicio del procedimiento, Borràs ha sostenido que fue víctima de una persecución política y ha denunciado la existencia de lawfare contra el independentismo. Esta tesis, sin embargo, no fue asumida por los tribunales que han examinado el caso, que atribuyeron la condena a irregularidades en la contratación pública y no a su actividad política.