La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el nuevo plan estatal de vivienda comenzará a desplegarse a partir del mes de junio, una vez se cierre el reparto de fondos con las comunidades autónomas, previsto para mayo.
Según Rodríguez, el calendario permitirá activar las primeras medidas antes del verano, aunque la ejecución dependerá en gran parte de la colaboración de las autonomías, que son las competentes en esta materia.
El paquete de medidas 2026-2030 prevé un incremento de la inversión estatal en vivienda en todas las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña, crecerá en 473 millones de euros. Desde el ejecutivo recuerdan que Cataluña tiene un incremento menor porque fue la única comunidad que ya aportó el 40% de los recursos públicos exigidos en la anterior convocatoria del plan. Si se mira por territorios, la inversión más elevada es en Andalucía (1.197 millones), seguida de Madrid (1.113 MEUR) y Cataluña (1.015 MEUR).
El plan incorpora varias novedades en cuanto a controles, transparencia y gobernanza. La más relevante es el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca pueda acabar alimentando la especulación. Desde el gobierno recuerdan que en los últimos 45 años se han construido 2,7 millones de viviendas protegidas, pero la mayor parte se descalificaron con el paso del tiempo.
Reparto con las comunidades
El ejecutivo central confía en cerrar en mayo el reparto de los fondos, un paso imprescindible para iniciar el desarrollo del plan. Este mecanismo requiere el acuerdo con las comunidades autónomas, que deberán gestionar buena parte de las políticas incluidas.
El plan se inscribe en la estrategia del gobierno español para ampliar el parque de vivienda asequible y reforzar las ayudas al alquiler y la rehabilitación, en un contexto de dificultades crecientes de acceso a la vivienda.
Críticas del Sindicato de Inquilinos
El Sindicato de Inquilinos ha criticado duramente el contenido del plan y ha asegurado que tiene un nivel de ambición «ridículo», ya que considera que no aborda de manera efectiva el problema de los precios del alquiler.
La organización reprocha al gobierno español que no impulse medidas más contundentes para intervenir el mercado y garantizar un acceso real a la vivienda, y alerta de que el plan puede quedar corto ante la emergencia habitacional.