El juzgado ha rechazado la querella presentada por la asociación Acció Cassandra contra cuatro exconsejeros y varios altos cargos de la Generalitat por presunta malversación en la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
Según la resolución, el magistrado no ve indicios penales suficientes en los hechos denunciados y acuerda no admitir a trámite la querella.
La querella señalaba a los exconsejeros Dolors Bassa, Chakir El Homrani, Violant Cervera y Carles Campuzano, así como otros exresponsables del departamento, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude en la gestión de fondos públicos.
Entre las irregularidades denunciadas había pagos indebidos, plazas «fantasma» y un uso irregular de recursos, en un caso que se basaba en informes de organismos de control como la Sindicatura de Cuentas.
A pesar de estas acusaciones, el juzgado considera que los hechos expuestos no tienen suficiente consistencia para ser investigados penalmente, y cierra así la vía judicial en esta fase inicial.
La decisión supone un revés para la entidad querellante, que había pedido abrir una investigación sobre una presunta gestión irregular de recursos destinados a la protección de menores.
Posibilidad de recurso
Pese al rechazo, Acció Cassandra puede recurrir la decisión ante instancias superiores, como la Audiencia de Barcelona, para intentar que la causa sea reabierta.
El caso de la DGAIA ha generado controversia en los últimos años a raíz de varios informes que apuntaban a disfunciones en la gestión del sistema, aunque la vía penal no prospera, de momento, en esta causa.
El procedimiento se enmarca en un debate más amplio sobre el funcionamiento de la nitis y la gestión de los recursos públicos en el ámbito de la protección a la infancia.
Varios informes han señalado anomalías administrativas, pero el juzgado ha concluido que, en este caso, no se puede acreditar responsabilidad penal de los exresponsables políticos.