El pederasta del Raval que lideraba la trama que violó y explotó sexualmente a una niña de 12 años tutelada por la DGAIA ha aceptado una pena de 83 años de prisión.
El hombre no sólo está acusado de agredir sexualmente a la menor, sino también de tejer una trama de explotación sexual a su alrededor, que también incluía la grabación de pornografía infantil, entre los años 2020 y 2021.
Este lunes se ha celebrado en la Audiencia de Barcelona una vista de conformidad en la que el acusado ha reconocido los hechos y la Fiscalía ha aceptado una pena inferior a los 107 años que pedía inicialmente.
La sentencia también ha establecido una indemnización de 100.000 euros para la víctima por daños morales, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con ella, la prohibición de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento, y la de trabajar con menores de edad durante décadas, además de diez años de libertad vigilada. Además de este caso, el hombre es investigado en dos causas más.
Aparte de este hombre, el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona que instruye el caso también investiga a 15 hombres más por hechos similares y vinculados al acusado.
El escándalo de la DGAIA
El caso, que a poner en evidencia deficiencias en la gestión y supervisión de los centros de menores, ha comportado también una reforma de arriba abajo de la DGAIA. Además, la Generalitat abrió un expediente informativo para revisar la actuación del organismo en lo suceso y anunció que se personaría como acusación popular en la causa.
A raíz de la polémica, en junio del año pasado la DGAIA cambió de nombre y pasó a llamarse Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y Adolescencia (DGPPIA). Asimismo, en junio también se va a anunciar la creación de una oficina de control de gestión y una unidad de seguimiento de incidencias.
Esta no es la única causa que se ha abierto contra la ACTIC, que también ha sido investigada por la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Greuges.