Varias entidades del sector sanitario han acusado al Govern de tener una «nula intención de diálogo» en relación con la gestión de las bajas laborales y han lamentado que aún no se han podido reunir con la consejera de Salud, Olga Pané, para abordar la situación.
Las organizaciones, entre las que se encuentra La Capçalera y el Foro Catalán de Atención Primaria (FoCAP), han comparecido en el Parlament para denunciar que continúan recibiendo presiones para agilizar las altas médicas, una práctica que consideran inadecuada desde el punto de vista asistencial.
En nombre de las entidades, la médica Eva Segura ha criticado la «imposición» de criterios para reducir la duración de las bajas y ha reclamado la retirada «clara e inequívoca» de indicadores e incentivos vinculados a estas altas médicas.
Segura ha denunciado que el relato del Govern sobre un exceso de bajas largas es «falso» y ha defendido que el problema real es la falta de recursos en el sistema sanitario.
Sin reunión con Salud
Las entidades también han reprochado al ejecutivo la falta de contacto directo con el departamento de Salud. Según han explicado, todavía no han podido reunirse con la consejera e incluso se habría cancelado un encuentro previsto con responsables del CatSalut.
Esta situación refuerza, según las organizaciones, la percepción de que el Gobierno no tiene voluntad real de escuchar al sector.
Más propuestas
Ante este escenario, las entidades han planteado diversas medidas, como la implantación de la baja corta autodeclarada, más inspecciones laborales y el refuerzo de los servicios de prevención de riesgos.
También han cuestionado el papel de las mutuas en la gestión de las bajas comunes y han propuesto transferir estos recursos al sistema público.
Respuesta del Govern
Por su parte, el Govern ha defendido que los criterios para las altas médicas son «exclusivamente clínicos» y ha negado que haya instrucciones para recortar bajas.
El ejecutivo mantiene que las medidas adoptadas buscan mejorar la eficiencia del sistema sin comprometer la atención a los pacientes.
Presión política
La cuestión ha llegado también al debate parlamentario. Las entidades se han reunido con grupos como ERC, Comunes y CUP para impulsar iniciativas que pidan la retirada de los incentivos vinculados a las bajas.
El debate sobre la gestión de las incapacidades temporales se ha convertido así en un nuevo frente de tensión entre el Govern y el sector sanitario, con posibles repercusiones en la negociación de los presupuestos.