El Gobierno catalán tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley de participación ciudadana, que por primera vez regulará de manera integral el derecho de la ciudadanía a intervenir en las políticas públicas. La norma reconoce la participación universal, incluyendo menores y personas sin derecho de voto, e incorpora medidas para facilitarla, como servicios de cuidado, accesibilidad, permisos laborales e incluso compensaciones económicas en determinados casos. El texto, que luego se enviará al Parlament, también fija obligaciones de transparencia, retorno de las aportaciones y una evaluación periódica del Síndic de Greuges.
La secretaria de Administración y Función Pública, Alicia Corral, defiende que es una «ley de consenso» y confía en que supere la tramitación parlamentaria este mismo año. Según explica, la norma quiere acercar las instituciones a la ciudadanía, garantizar que todas las opiniones sean escuchadas y asegurar un retorno real sobre cómo se incorporan a las políticas públicas. El proyecto también ordena los procesos participativos con fases definidas, mecanismos de seguimiento y criterios para adaptarlos a la realidad territorial, especialmente en municipios rurales y pequeños.
El texto se ha elaborado tras un amplio proceso participativo con más de 80 personas, 43 entidades y cerca de 300 aportaciones en varias fases. Entre 2023 y 2024, la Generalitat ha impulsado 33 procesos participativos, y en 2025 ya se han iniciado 22, con la previsión de llegar a 25 más en 2026. A nivel municipal, el 46% de los ayuntamientos llevaron a cabo 838 procesos en los años 2023 y 2024, una actividad que el Gobierno quiere reforzar con esta nueva ley.