El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat ha prorrogado la estancia de las personas realojadas procedentes del antiguo instituto B9 de Badalona, prevista de forma temporal hasta el 31 de marzo. Fuentes consultadas por la ACN han indicado que alrededor de un centenar de todos los migrantes que fueron desahuciados allí continúan siendo atendidos este mes de abril en albergues y recursos temporales de emergencia.
Mientras tanto, Derechos Sociales trabaja para ofrecer una solución residencial más estable a las personas en situación de vulnerabilidad más extrema. En una respuesta parlamentaria por escrito a ERC, la consejera Mónica Martínez Bravo ha garantizado que se hace un seguimiento social continuado por parte del Departamento a todos los desalojados que han aceptado recibir ayuda.
El objetivo, según ha dicho, es conocer las necesidades específicas de cada persona o unidad familiar, y facilitarles el acceso a servicios sociales, formativos y laborales, así como favorecer la autonomía y la inclusión en la sociedad. Además, ha asegurado que están proporcionando asesoramiento y orientación jurídica especializada para ayudar a los desalojados en los trámites que afrontan para regularizar su situación documental.
Los ocupantes del B9 fueron desalojados el 17 de diciembre pasado a requerimiento del Ayuntamiento de Badalona tras un largo periplo judicial. Al día siguiente, decenas de afectados se instalaron en sus tiendas en la plaza de enfrente del centro educativo, de donde el consistorio los echó en poco menos de 48 horas. La acampada se trasladó entonces bajo el puente de la C-31, justo en el límite entre Badalona y Sant Adrià de Besòs.
Plan de realojamiento
Ante el frío extremo y la intemperie a la que estaban expuestos los acampados en pleno diciembre, varias entidades sociales y la Generalitat acordaron un plan de realojamiento. Unos 152 de los atendidos inicialmente continuaban dos meses después en el conjunto de dispositivos de Cataluña, formado por albergues y recursos de emergencia ubicados en varios municipios, según ha especificado la consejera en su respuesta parlamentaria.
Martínez Bravo sostiene que la medida pretende «garantizar la cobertura de las necesidades básicas y ofrecer un espacio seguro mientras se exploran alternativas más estables». Esta alternativa se trabaja para los casos más vulnerables. Ahora, la cifra de atendidos ha ido disminuyendo y en los diferentes equipamientos quedan aproximadamente un centenar de realojados.