La Intersindical ha hecho un llamamiento este lunes a la movilización para hacer inaplicable lo que considera una «embestida» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el catalán en la escuela, en referencia a la orden de ejecución de la sentencia que había anulado once artículos del decreto del régimen lingüístico educativo, que blindaba el catalán como lengua vehicular.
Para el sindicato, la resolución vuelve a demostrar una actitud «abiertamente política y aleja de la realidad pedagógica de los centros». Además, ha considerado que el tribunal «cede» una vez más a las pretensiones de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. «No permitiremos que esta sentencia injusta y arbitraria se aplique en nuestros centros», ha afirmado el coordinador de la Comisión de Lengua de la Intersindical Educación, Gerard Furest, que ha acusado al TSJC de ejercer de «brazo ejecutor de unas élites que quieren dar el golpe de gracia al catalán en la escuela».
CCOO, por su parte, ha manifestado rechazo contra la decisión del TSJC, pero se ha alineado con la reacción del Gobierno de la Generalitat y de la comunidad educativa para recurrirla. Este sindicato ha defendido el decreto del Gobierno catalán y ha considerado que la nueva resolución constituye un «nuevo ataque al modelo de escuela catalana» que «responde a una ofensiva sostenida que judicializa la política lingüística».
Junts reclama comparecencias
Por su parte, Junts ha pedido la comparecencia en el Parlamento de Cataluña del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y de los consejeros de Presidencia, Albert Dalmau, y de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para explicar la respuesta del ejecutivo a la sentencia del TSJC.
La presidenta del grupo de Junts en la cámara catalana, Mònica Sales, ha reclamado una acción «contundente, de país y junto al sector educativo» ante la reciente decisión judicial. Salas ha acusado al ejecutivo de ser «cómplice» de la situación de «permanente ataque» que asegura que vive el catalán porque, a su entender, le falta «compromiso» con la lengua.
Además, la presidenta del grupo de Junts ha criticado el Pacto Nacional por la Lengua, que en mayo celebrará un año de vida, porque no incluye cómo debe ser la «respuesta» de la Generalitat ante nuevas sentencias sobre el catalán en la escuela. «Queremos un Gobierno que dé respuesta a las injerencias judiciales, a la vulneración de derechos», ha exigido.