La guerra unilateral desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán y la invasión del Líbano por parte del ejército hebreo han provocado una crisis mundial sin precedentes en este siglo XXI y merecen la condena mayoritaria de la comunidad internacional. Los métodos brutales y genocidas del sionismo, que ya se constataron con la masacre perpetrada en la Franja de Gaza, se están reproduciendo, con la participación añadida del ejército norteamericano, en Oriente Medio, donde la población iraní, palestina y libanesa es víctima de las atrocidades inhumanas de los agresores.
Pero esta guerra no se libra sólo a 4.000 kilómetros de distancia. Aquí también llega el eco de las bombas. La posición frontalmente contraria del presidente Pedro Sánchez y de gran parte de la sociedad catalana y española a la ofensiva militar de Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha exacerbado los ánimos de los círculos locales prosionistas, estrechamente conectados con el régimen de Tel-Aviv.
Hasta el punto de que varios periodistas, comunicadores y representantes políticos españoles han recibido, en los últimos días, demandas previas de conciliación presentadas por la organización ACOM (Acción y Comunicación sobre el Oriente Medio) y por su cofundador, el empresario judío David Hatchwell, en relación con supuestos delitos de injurias y acusaciones de antisemitismo. Estas acciones legales se enmarcan, según la entidad, en la voluntad de responder a una serie de «ataques» que consideran dirigidos contra personas y contra aquellos que apoyan a Israel en España.
Entre los afectados por estas demandas hay periodistas y presentadores como Silvia Intxaurrondo (RTVE), Inés Hernand (RTVE), Raquel Ejerique (Eldiario.es), así como el columnista Antonio Maestre. También figuran entre los denunciados los políticos de Más Madrid Eduardo Rubiño y Pablo Padilla Estrada, y la cadena de televisión LaSexta.
Por su parte, algunos de los periodistas y opinadores señalados interpretan estas acciones legales como un intento de intimidación judicial para limitar el debate público sobre la política del Gobierno israelí y sobre el conflicto en Irán, Palestina y el Líbano. Según estas voces, la presentación reiterada de denuncias podría encajar en lo que se conoce como demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), una práctica bruta denunciada por organizaciones de defensa de la libertad de prensa y que varias instituciones europeas han intentado limitar mediante iniciativas legislativas.
Con el SLAPP, los periodistas, medios de comunicación y políticos afectados se ven obligados, de entrada, a afrontar los gastos de su defensa jurídica, con independencia de las multas que les puedan caer. Ahora, los sionistas de la ACOM han optado por esta estrategia –profusamente utilizada por el presidente Donald Trump– para tratar de hacer callar las voces críticas contra esta barrabasada bélica.
Aragonès contrató a Hatchwell
El empresario sionista David Hatchwell es una joya. Heredero del imperio empresarial creado en España por su padre, conjuga el apoyo fanático a Benjamin Netanyahu con lo que da a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y a Santiago Abascal, el líder de Vox. Fue el gran impulsor de la engañifa de Eurovegas, la ciudad del juego que el multimillonario norteamericano Sheldon Adelson quería implantar en España, pero que acabó como el rosario de la aurora.
Poco antes de abandonar la presidencia de la Generalitat, el Govern de Pere Aragonès otorgó un jugoso contrato a una de las empresas de David Hatchwell, Excem Technologies: la compra de la licencia del software Reliant durante cuatro años (2024-28), por 5.006.326 euros. Con este programa-espía, fabricado en Israel, la Comisaría General de Información de los Mossos puede acceder a cualquier teléfono móvil, hacer capturas de pantalla, descargar archivos de imagen y audio, incluso eliminando o mitigando técnicas de encriptación añadidas a las comunicaciones o a la información almacenada en sistemas informáticos.
