El Consejo Ejecutivo de la Generalitat ha aprobado un decreto ley de suplemento de crédito que permitirá incrementar el presupuesto prorrogado del año 2023 hasta un máximo de 5.988,65 millones de euros, que se destinarán a atender gastos de carácter urgente y a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos mientras no haya nuevas cuentas, según ha explicado la consejera de Economía y Finanzas, Alicia Romero.
Romero ha asegurado que el Gobierno catalán no prevé aprobar otro suplemento en los próximos meses porque el de hoy «ha ido al máximo». Así, la consejera ha detallado que los compromisos adquiridos con los Comunes están incluidos en el suplemento.
El Gobierno ha tenido que recurrir a este instrumento después de que haya retirado del Parlament el proyecto de presupuestos ante la negativa de ERC de votar a favor. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pactó con Oriol Junqueras la retirada a cambio de este suplemento de crédito y el apoyo de Esquerra a los nuevos presupuestos, que deberán estar aprobados antes de las vacaciones de verano, según el acuerdo.
Así, el Gobierno del PSC se ha visto obligado a recurrir a este instrumento para incorporar a los presupuestos prorrogados una parte de los mayores ingresos previstos en el año 2026 a consecuencia de la mejora de la economía, para así poder incrementar el gasto respecto a 2023, último año en el que se aprobaron presupuestos.
La normativa reguladora de las finanzas públicas prevé que, mientras no se aprueben nuevos presupuestos, el Gobierno pueda tramitar suplementos de crédito para financiar gasto recurrente e ineludible. Concretamente, el suplemento de crédito aprobado hoy permitirá atender los mayores gastos previstos en materia de personal, lo que incluye, entre otros conceptos, los incrementos retributivos aprobados para los trabajadores públicos, las nuevas dotaciones para los planes estratégicos de despliegue de cuerpos operativos (mozos, bomberos y agentes rurales), los acuerdos sindicales vigentes . que suponen incrementos adicionales para 2026 o el impacto de los aumentos salariales sobre las tarifas de prestación de servicios.
También permitirá atender los crecimientos tendenciales de gasto de la Generalitat, entre ellos el incremento del gasto en dependencia, del gasto farmacéutico, de los conciertos sanitarios o de los recursos económicos asignados a las escuelas para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado, así como el aumento de las prestaciones económicas por ayudas al alquiler.
Asimismo, con este suplemento la Generalidad podrá hacer frente a los gastos vinculados a compromisos y planes plurianuales, entre ellos, como el desarrollo del Plan de barrios y villas de Cataluña 2025-2029; las bonificaciones del transporte público; el plan de compra de viviendas para destinarlas a alquiler social; inversiones en movilidad; el fondo de cooperación local y los compromisos adquiridos con los municipios rurales y Arán; las necesidades de ciberseguridad y conectividad y, finalmente, el mantenimiento ordinario de los centros educativos y edificios públicos.
Finalmente, y ante los conflictos bélicos que están presionando a los mercados energéticos internacionales, el decreto ley también prevé movilizar recursos presupuestarios para desarrollar medidas de contención y mitigar el impacto sobre la actividad económica y los hogares, especialmente los más vulnerables. Paralelamente, hay que tener en cuenta que este aumento de costes energéticos también incrementa el gasto público en el funcionamiento de los servicios esenciales.