El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el decreto ley que regula las prestaciones económicas para las personas con grado III+ de dependencia extrema y de modificación de la Ley 1 de servicios sociales del año 2007, por el que se reúne la Ley ELA.
Como ya anunció el presidente, Salvador Illa en el Parlament la semana pasada, el decreto ley, que deberá ser validado por el Parlament, incluirá, aparte de la financiación prevista en la ley estatal, un complemento extraordinario para asegurar que la prestación cubre el coste total del servicio para que el nivel de renta no se convierta en una barrera de acceso a esta prestación.
La prestación prevista en la Ley ELA establece una cuantía máxima de 9.859 euros mensuales por persona beneficiaria, de los que el Estado financia el 50% y las comunidades autónomas deben asumir el resto.
Esta ayuda sólo se puede percibir cuando la persona beneficiaria contrata el servicio correspondiente, pero el alto coste del servicio puede convertirse en una barrera económica de acceso a la prestación.
Para corregir este desajuste, la Generalitat aportará hasta 4.929,5 euros de más para cubrir la diferencia entre la prestación prevista y el coste real de un servicio de atención continuada 24/7 −que en Cataluña se sitúa aproximadamente entre los 14.000 y los 15.000 euros mensuales. Así se garantizará esta atención a todas las personas que lo necesiten, independientemente de su nivel de renta.
Necesidades
El decreto ley hace compatibles las diferentes prestaciones y servicios para que las personas con ELA, u otras enfermedades complejas irreversibles en fase avanzada, reciban la atención que necesitan en cada momento.
Para poder acceder, será necesario que pidan el grado de dependencia extrema, el GrauIII+, un trámite que podrán hacer al día siguiente de la publicación del decreto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El reconocimiento del grado III+ y la tramitación de la prestación se resolverán antes de tres meses, tal como establece de Ley ELA. El decreto ley deberá ser convalidado por el Parlamento en un plazo máximo de 30 días gracias al apoyo de los grupos parlamentarios de los Comunes y de ERC, que han participado en su elaboración aportando criterios de territorialidad y mecanismos de flexibilización con el fin de asegurar la cobertura del coste real del servicio de acuerdo con las diferentes realidades territoriales. La Fundación Miquel Valls y otras entidades del sector también han hecho aportes al texto.
