La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha reclamado al Gobierno español que las medidas para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán incluyan la congelación del precio del alquiler de los contratos en vigor, una prórroga automática de tres años para los contratos que se extingan este año y recuperar la moratoria antidesahucios. En un comunicado, la organización advierte de que la vivienda es «el principal factor de empobrecimiento de los hogares españoles» y que el decreto que el ejecutivo central presentará el martes que viene no incluye ninguna medida de protección para los inquilinos.
De hecho, la Confederación recuerda que los hogares destinan más del 50% de los salarios al pago del alquiler, y que en algunas ciudades como Barcelona y Madrid esta cifra llega hasta el 71%. Por ello, exige «la congelación inmediata» de los precios de los alquileres «a través de la eliminación de las actualizaciones anuales»; el establecimiento de una «prórroga obligatoria de los contratos de alquiler» -este año vencen 600.000 contratos-; y recuperar la moratoria antidesahucios «para evitar un pico de expulsiones sin precedentes de familias vulnerables que no tienen alternativa habitacional».
La organización también advierte de que «los conflictos bélicos en zonas energéticamente estratégicas», como es el caso de Irán, «suponen un movimiento que desencadena una mayor tensión en los alquileres de las ciudades«, ya que implican «la entrada en España, como país seguro dentro de la Unión Europea (UE), de capitales extranjeros refugiando sus inversiones en el sector inmobiliario». «Esto supone una tormenta perfecta para la acaparación de inmuebles por parte de los fondos buitre que buscan especular con un bien de primera necesidad, como es la vivienda», alerta la Confederación.
«Si la vivienda es el cuarto pilar del estado del bienestar, el Gobierno y los partidos que apoyen este decreto deben responsabilizarse de abordarlo como tal», señala la entidad, que considera «incomprensible» no activar en este contexto las medidas «que sí se tomaron durante la guerra en Ucrania».
