El expropietario de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco, ha asegurado ante la Audiencia Nacional que las presiones de la denominada policía patriótica española generaron «un miedo monumental» entre los responsables de la entidad durante los años en que se gestó la llamada Operación Cataluña.
Cierco ha declarado como testigo en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y varios miembros de su familia por presuntos delitos de blanqueo y corrupción. Según el banquero, agentes vinculados al Ministerio del Interior español les habrían presionado para que facilitasen información bancaria sobre dirigentes independentistas catalanes.
Presiones para obtener datos bancarios
Durante su declaración, Cierco ha explicado que en 2014 un agente de la policía española, destinado en la embajada en Andorra, le transmitió un mensaje claro: si el banco no colaboraba con el Estado español aportando datos de cuentas vinculadas a políticos como Artur Mas, Oriol Junqueras o la familia Pujol, la entidad podría sufrir consecuencias graves.
Según el testigo, se les advirtió que el banco podía acabar intervenido o desaparecer si no cooperaban. Estas advertencias, ha dicho, generaron una fuerte sensación de presión e inseguridad entre los directivos de BPA.
La versión de otros directivos
El relato de Cierco refuerza lo que ya había explicado en sesiones previas Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de la entidad, que también denunció coacciones por parte de miembros de la policía patriótica. Según Miquel, le exigieron información sobre cuentas de dirigentes independentistas en el marco de la investigación conocida como Operación Cataluña.
A pesar de estas declaraciones, algunos de los mandos policiales citados como testigos han negado la existencia de esta operación y han minimizado sus actuaciones durante el proceso judicial.
El proceso judicial contra Jordi Pujol y sus hijos analiza si el expresidente dirigió durante décadas una trama para cobrar comisiones ilegales a cambio de favores políticos y ocultar el dinero en el extranjero. La fiscalía pide penas de hasta nueve años de prisión para Pujol y de 29 años para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola.
El juicio, que se celebra en la Audiencia Nacional desde finales de 2025, ha reabierto el debate sobre las presuntas maniobras policiales y políticas que habrían intentado obtener información comprometedora sobre el independentismo catalán durante los años más intensos del proceso.
