El avance de la extrema derecha en las últimas elecciones autonómicas y la posibilidad de que gobierne de la mano de la derecha tradicional -que ya ha asumido buena parte de su discurso xenófobo, recentralizador y profundamente populista- nos sitúa ante un riesgo real: el riesgo de retroceder décadas en derechos, libertades y cohesión social.
No se trata de una alarma exagerada, sino de constatar que hay fuerzas políticas de derechas, estatales y catalanas, dispuestas a desmantelar lo que ha costado generaciones construir: servicios públicos robustos, protección social, igualdad de oportunidades y un modelo de convivencia basado en el respeto y la pluralidad.
Cuando las derechas tradicionales (PP, Junts,…) deciden copiar, blanquear o normalizar el relato de la extrema derecha, no están haciendo un simple movimiento táctico sino que están abriendo una brecha por donde puede colarse una regresión profunda. El resultado es una España que vuelve a verse en blanco y negro, donde el miedo sustituye al debate democrático, donde la desigualdad deja de ser un problema para convertirse en una condición asumida, y donde los derechos sociales pasan a ser presentados como privilegios que hay que restringir, y no como conquistas colectivas que han costado décadas de esfuerzo.
Este giro no es sólo simbólico ni retórico; tiene consecuencias materiales que se pueden observar allí donde estas alianzas ya gobiernan. Cuando el discurso de la extrema derecha marca la agenda, las primeras víctimas son siempre las mismas:
En la sanidad pública se recortan presupuestos, se cierran servicios y se externalizan funciones hacia empresas privadas. En Castilla y León, por no hablar siempre de las comunidades madrileña o valenciana, paradigmas y ejemplos de cómo la privatización de los servicios públicos mata, la presión para reducir costes ha dejado zonas rurales con consultorios cerrados y profesionales saturados.
En la educación se promueve un modelo que favorece la segregación, se cuestiona la educación afectivo-sexual y se demoniza al profesorado. En Madrid, las políticas de «libertad de elección» han consolidado un sistema dual que concentra alumnado vulnerable en la pública.
En los servicios sociales se debilitan los mecanismos de protección, se burocratizan ayudas y se criminaliza la pobreza. El relato del «subsidio para vagos» sirve para justificar recortes que afectan a familias trabajadoras que ya viven al límite.
En el mundo laboral se promueve la flexibilización extrema, se cuestionan los salarios mínimos y se presentan los derechos laborales como un obstáculo para la competitividad. El resultado es más precariedad, más temporalidad y más inseguridad vital.
Se normaliza el señalamiento de migrantes, feministas, colectivos LGTBI o movimientos sociales. Cuando el discurso del odio se convierte en moneda política, aumentan las agresiones y se deteriora la convivencia.
Todo esto no es una hipótesis alarmista sino una realidad observable en múltiples territorios de Europa donde la derecha tradicional ha decidido competir con la extrema derecha en lugar de confrontarla. En Italia, el gobierno Meloni ha impulsado leyes que limitan derechos civiles y refuerzan un nacionalismo excluyente. En Hungría, Orbán ha convertido la retórica antiinmigración en una arquitectura institucional que erosiona la separación de poderes. En Polonia, el control ideológico sobre la educación y la justicia ha dejado cicatrices profundas.
Cuando este modelo se importa al Estado español el riesgo es claro, ya que lo que hoy se presenta como una «colaboración puntual» acaba convirtiéndose en una transformación estructural del país. Y esta transformación siempre va en la misma dirección: menos derechos, menos pluralismo, menos cohesión social.
La pregunta de fondo es si la derecha tradicional está dispuesta a sacrificar la democracia social y los consensos básicos de convivencia por un puñado de votos. Porque cuando se asume el marco mental de la extrema derecha, se renuncia a liderar un proyecto de país y se pasa a ser un simple amplificador del resentimiento y el miedo.
Ante este escenario, lo que hace falta no es competir en demagogia ni asumir los marcos mentales que imponen estas fuerzas, sino hacer exactamente lo contrario: aplicar políticas valientes que den respuesta a los problemas reales de las clases populares. Políticas que garanticen vivienda asequible, salarios y pensiones dignas, servicios públicos de calidad y un futuro digno para la juventud. Políticas que refuercen la cohesión social en lugar de alimentar el miedo y la división.
Sólo así se puede evitar un retroceso histórico. Sólo así se puede defender todo lo que tanto ha costado conseguir. Y sólo así se puede construir una alternativa que no se limite a resistir, sino que sea capaz de ilusionar y movilizar una mayoría social que no quiere volver atrás, que no quiere renunciar a sus derechos y que sabe que el futuro se construye con más democracia, más justicia social y más igualdad.
